Paro de larga duración por Josep Maria Rañé

¿A quiénes hay que proteger frente al paro? ¿A las personas jóvenes o las mayores de 50 años? Lo primero que uno piensa cuando le hacen esas preguntas es si se encuentra en un cursillo de gestión empresarial, donde hay test específicos para conocer cómo reaccionarían sus participantes antes una crisis, ya sea esta la derivada de un naufragio en una isla desierta o de un problema en un viaje espacial. Cuando, por fin, aciertas a entender que no es un cursillo y rechazas dar la respuesta políticamente correcta: las personas jóvenes, también descubres que se te plantea una falsa dicotomía, similar a la que le generamos a un niño al pregutarle: «A quién quieres más, ¿a papá o a mamá?».
Ambas preguntas tienen truco. La edad o el género no deben ser los factores primordiales para que una persona deba ser protegida, sino su situación en la sociedad o ante el trabajo. Por esa razón, no se trata de escoger entre jóvenes o mayores, entre hombres o mujeres, sino entre personas con capacidad de ocuparse, o no, ya sean jóvenes, mayores, hombres, mujeres, emigrantes, autóctonos o con discapacidad. Hablamos de un colectivo claramente identificable: son personas en paro de larga duración. Aquellas que no tiene la formación necesaria para ocuparse cuando llegue la recuperación, que algún día llegará.
Una sociedad justa es la que da oportunidades a las personas que pueden valerse por sí mismas, al tiempo que ayuda a aquellas que les falta lo necesario. Hoy, la mejor política de empleo mientras no llega la recuperación es que ninguna persona en paro, en especial las de larga duración, tenga una formación inferior a la ESO.