El PP apoya la reforma local porque primará la calidad en los servicios

MURCIA- Es época de apretarse el cinturón en todos los sentidos, por ello, el Gobierno central estudia ahora la forma de llevar a cabo una reforma de la Administración Local, la cual podría aprobarse, previsiblemente, antes de que finalicen los meses de verano, según la intención del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De este modo, a través de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende definir con mayor rigor el papel de los ayuntamientos, rediseñando su organización para que cada competencia sea ejecutada por una sola administración, de manera que se eliminarían así las duplicidades que actualmente se producen en el territorio nacional.

No obstante, el ministro Cristóbal Montoro quiere buscar el máximo consenso en este aspecto, ya que como según ha asegurado en diversas ocasiones, es una tarea común que está muy por encima de los ideales de los partidos políticos. Pero el tiempo apremia y Montoro desea llegar a un acuerdo lo antes posible. Es por ello, que el Ministerio ya ha remitido a las formaciones políticas, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el documento técnico, en el que se encuentran algunas de las propuestas presentadas por la FEMP, de modo que ahora sólo queda esperar que se convoque la primera reunión formal en la que comenzará la negociación.

Entre las propuestas que ha elaborado el Ministerio, se encuentra que los servicios que prestan los municipios sean sometidos a examen y, aquellos que no superen los determinados niveles de calidad, automáticamente serán asumidos por la Administración autonómica. Un traspaso, que en el caso de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, será obligatorio, mientras que para los consistorios de mayor tamaño será voluntario. Con respecto a la Región de Murcia, si finalmente esta propuesta sale adelante, se examinarían 28 de sus 45 municipios, entre los que se encuentran ciudades de la magnitud de La Unión, Archena, Mula, Cehegín, Los Alcázares, Fuente Álamo, Santomera y Puerto Lumbreras, que a día de hoy rozan esta cifra.

En este sentido, el vicesecretario general de Organización del Partido Popular en la Región, Pedro Antonio Sánchez, indicó que el Gobierno central plantea la reforma de las competencias municipales «estableciendo un catálogo de competencias concretas y garantizando su financiación, así como la prestación de servicios públicos de calidad».

A este respecto, el responsable popular señaló que en esta propuesta «va a primar el principio de ‘una competencia, una administración'», que permitirá evitar las llamadas «competencias impropias» y, por tanto, «los solapamientos e ineficacias resultantes», al tiempo que puntualizó que «esto no significa que se vaya a suprimir ningún servicio a los ciudadanos, sino que asegura la viabilidad y la prestación de servicios públicos con niveles de calidad».

Asimismo, Sánchez explicó que esta propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, quiere que los ayuntamientos puedan ejercer alguna competencia delegada por otra administración, aunque esa delegación «tendrá que ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación».

Finalmente, el dirigente del PP afirmó que «gracias a las reformas estructurales y de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, España está ganando la credibilidad de las instituciones europeas e internacionales, por eso hay que tener confianza y afrontar la ayuda europea a nuestra banca con optimismo».

El Gobierno no pretende eliminar municipios
En torno a la reforma de la Administración Local, diversos grupos de la oposición han alardeado de que el Gobierno central pretende suprimir el número de municipios en España, no obstante, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseveró al respecto en el Congreso de los Diputados que «nadie piense que es voluntad de este Ejecutivo la eliminación de municipios. En absoluto». De manera que el Gobierno de España a lo que aspira es a una prestación de servicios de calidad para los ciudadanos, acabando de tal forma con las conocidas «competencias impropias».