La Junta «oculta» a Alaya cambios de Griñán para inflar el «fondo de los ERE»

SEVILLA- Otra vez la cacareada colaboración de la Junta con la juez que investiga la «trama de los ERE» queda en entredicho. Pese a que la magistrada Mercedes Alaya reclamó en diciembre de 2011 los expedientes de modificaciones presupuestarias tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo se ha «olvidado» de 21 de ellos, por un importe de 201.434.824 euros.

La denuncia la hizo pública ayer el PP-A, que como acusación personada en la causa, ha trasladado la documentación al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El trabajo de los populares se basa en el análisis de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, en la que se detallan las transferencias de financiación a la Agencia IDEA –antiguo IFA–, la empresa pública mediante la cual se pagaban las ayudas sociolaborales.

De las 21 modificaciones presupuestarias, dos de ellas afectarían directamente a la partida 31L, la conocida como «fondo de reptiles» que investiga Alaya. El resto corresponde a otras en el mismo departamento o a otras consejerías.

El periodo temporal de estos cambios en el Presupuesto, 2005 a 2011, coincide con la etapa de José Antonio Griñán al frente de la Consejería de Economía y Hacienda (2004-2009) y sus dos primeros como presidente de la Junta. De los 200 millones localizados por el PP, 81 corresponden a partidas detraídas y 120 a incrementos.

En el escrito dirigido al juzgado, el PP también solicita que la Junta entregue los expedientes de modificaciones presupuestarias desde julio de 2001 hasta 2004. La juez había reclamado los expedientes de este tipo a partir de 2005, fecha en la que la Intervención General entregó su primer informe en el que alertaba sobre las irregularidades en la tramitación del procedimiento de los ERE. Sin embargo, entiende el PP que, tras la declaración del ex consejero Antonio Fernández, –en la que dijo que nada más firmarse el convenio en 2001 se transfirieron al IFA 13.000 millones de pesetas–, todo el Consejo de Gobierno conocía ya el nuevo «sistema operativo» mediante el cual se concederían las ayudas y que la magistrada considera «ilegal».

En este sentido, el PP ha presentado otro escrito en el que refuerza esa teoría gracias a una instrucción de 10 de enero de 2003 de la Intervención General. En ella, el órgano de control señala que «se han detectado, en los informes de control financiero efectuados a empresas públicas, deficiencias y contradicciones entre, por una parte, el expediente administrativo de gasto tramitado por el correspondiente gestor presupuestario y fiscalizado por la Intervención competente y, por otra, la realidad económica y contable de tal expediente en el seno de la empresa afectada».

Además, en septiembre de 2002, la Dirección General de Presupuestos dictó unas «Normas sobre codificación presupuestaria de las transferencias a empresas públicas» para identificar mejor las transferencias de financiación. Toda esta arquitectura contable pretendía, a juicio del PP, subsanar la falta de control legal existente sobre las transferencias de financiación y que provocó la presunta malversación de fondos posterior.

En el auto de prisión contra Antonio Fernández, Alaya ya advirtió de que había que investigar si en la creación del «sistema operativo» y su posterior mantenimiento durante una década pese a las reiteradas advertencias de la Intervención sobre su ilegalidad «hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos».

Mientras el PP apura la vía judicial, el presidente andaluz trata de «blindar» su futuro político con el nombramiento de su nuevo consejero de Justicia, Emilio de Llera, hasta ahora fiscal jefe de delitos económicos en Sevilla. Ayer negó que con motivo de su cargo hubiera conocido la investigación judicial antes de que pasara a la Fiscalía Anticorrupción. «No he tenido nada que ver, gracias a Dios, con los ERE», aseguró. Lo que sí hizo fue criticar las decisiones de la juez. Señaló que, como jurista, no ve motivos para que el ex consejero Antonio Fernández esté en prisión, medida que calificó de «innecesaria».

Posesión «batasuna»
La nueva consejera de Fomento y Vivienda, la comunista Elena Cortés, tomó ayer posesión de su cargo recurriendo a la fórmula habitual de los batasunos, es decir, «por imperativo legal». Durante su etapa como concejal del Ayuntamiento de Córdoba, Cortés ya protagonizó varios actos de desprecio a la bandera española y a su Majestad el Rey, criticando al «ciudadano Juan Carlos» por instar a Hugo Chávez a que se callara. El eufemismo de «imperativo legal» también ha sido utilizado por diputados y senadores de Amaiur, ERC y PNV para acatar la Constitución. Según señaló, la prioridad en su gestión serán los desahucios.