Sanidad acosa a las autonomías para que ejecuten la nueva Ley del Aborto

El Ministerio de Sanidad no quiere sorpresas ni sobresaltos con el aborto. Laxo a la hora de poner coto a las iniciativas farmacéuticas que adoptan algunas autonomías bordeando incluso la legalidad, el departamento que dirige Trinidad Jiménez ha decidido en cambio extremar el celo con las comunidades en lo que se refiere a la nueva ley de interrupción del embarazo, conocida también como «ley Aído».

En una carta enviada a todos los consejeros de Salud el 28 de junio, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, apremia a los servicios de salud a tener listos todos los preparativos para una eficaz aplicación de la norma, el lunes día 5 de julio. Incluso, les recuerda una función que su departamento prácticamente no ha ejercido en los últimos años, la de la Alta Inspección, para recabar información sobre «las actuaciones» que tienen previsto aplicar en su ámbito territorial y hacer así «efectiva la entrada en vigor del citado bloque normativo».

La misiva, que ha suscitado el malestar de más de un responsable sanitario autonómico, y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, alude a los decretos que elaboró el Gobierno para el desarrollo de la ley. Uno de ellos penaliza a las autonomías que no practiquen abortos, y les obliga a pagar las operaciones en hospitales de otras regiones, lo que viene a constituir una «cláusula anti Navarra», tradicionalmente objetora ante estas intervenciones.

Cumplir las normas
El otro real decreto traslada toda la responsabilidad al médico cuando acude a su consulta una menor de 16 o 17 años y ésta no quiere informar a sus padres por riesgo grave de conflicto familiar. Olmos remarca que «de este bloque normativo derivan una serie de actuaciones que corresponden a las comunidades, necesarias para dar efectividad al contenido de las normas en condiciones de igualdad y asegurando la calidad aistencial de las prestaciones».

Asimismo, les recuerda que «en las disposiciones indicadas se prevé, entre otros aspectos, que se deberá velar por la garantía de la prestación por los servicios de salud, la protección de la intimidad de las mujeres y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos». Además, alude a uno de los decretos en lo que se refiere a la «información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, que las comunidades habrán de editar e incorporar al sobre cerrado que habrá de facilitarse a la embarazada».

La carta cita dos veces a la Alta Inspección, competencia que el Estado apenas ha ejercido bajo el Gobierno del PSOE. Así, Olmos avisa a las autonomías de que la ley de interrupción del embarazo establece que la autoridad central la ejercerá «como función de garantía y verificación del cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidos en la ley en todo el territorio nacional»

Para rematar, pide a todas las autonomías la remisión «con anterioridad al día 4 de julio –domingo– de un informe descriptivo de las actuaciones que para hacer efectiva la entrada en vigor» de la norma tienen previsto poner en marcha en su territorio, «en las condiciones de igualdad y calidad asistencial exigidas en nuestro ordenamiento».


Una potestad utilizada de forma arbitraria

- ¿Ejerce el Estado la función de Alta Inspección habitualmente?
–Aunque goza de la potestad de hacerlo, raras veces lo ha hecho. En materia farmacéutica, las autonomías legislan por su cuenta sin que Sanidad actúe sobre ellas.

- ¿Qué pretende saber Sanidad de las autonomías?
–Les exige que informen sobre los pasos que han dado para cumplir la nueva Ley del Aborto, que entra en vigor el lunes, y sobre cómo pondrán en práctica en sus respectivos territorios los dos reales decretos que la desarrollan.