La Fiscalía rechaza investigar a la Infanta Cristina

MADRID- La Fiscalía General del Estado ha rechazado investigar la denuncia presentada por el abogado Fernando Pamos contra la infanta Cristina por su papel en la empresa Aizoon, al considerar que no ha quedado demostrado que tuviera conocimiento de las presuntas actividades irregulares de la entidad. «La hipótesis no se acompaña de la más mínima concreción», dice el Ministerio Público en un escrito remitido al letrado.

Pamos solicitó a la Fiscalía que abriera una investigación con el fin de que se aclarara el papel de la infanta en Aizoon y su responsabilidad en unas compras particulares que podrían haber sido abonadas por dicha firma, según se señala en un correo electrónico incorporado al sumario en el que está imputado su esposo, Iñaki Urdangarín, informa Ep.

El abogado solicitaba que se incoaran diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción en una pieza separada de la que ya se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de Mallorca en relación a Aizoon, el Instituto Nóos y otras sociedades vinculadas al duque de Palma.

En el citado correo, intervenido en la «operación Babel», Urdangarín y otro interlocutor se refieren a unas compras particulares de la Infanta y a la dificultad de que éstas sean «justificadas por gastos de Aizoon» –sociedad de la que la hija del Rey es propietaria en un 50 por ciento–, «resarciéndose del gasto originado, con posteridad, "desde la caja"», según señala la denuncia haciendo mención a este documento.

No obstante, la Fiscalía considera que la denuncia se basa exclusivamente en «informaciones periodísticas» y «no contiene un relato de hechos» que permita investigar a la Infanta. «En ningún momento se describe una conducta de aquélla que resulte incardinable en ningún tipo penal», dice el Ministerio Público que añade que la denuncia no se acompaña de «la más mínima concreción acerca de ninguna forma de participación o intervención» en ninguna de las actuaciones presuntamente irregulares.

A juicio del abogado, los hechos podrían constituir los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, delito societario de gestión y falsedad en documento mercantil. En la denuncia, de ocho páginas, se solicitaba al Ministerio Público que «desempeñe su preponderante papel igualando a todos los españoles» ante la ley y se califica de «imposible» que la Infanta «no estuviere al tanto de las actuaciones de su esposo (...) como para acumular semejante patrimonio».