Mas no logra el apoyo de PSC y PP al pacto fiscal

BARCELONA- «Todos tenemos alguna experiencia de vivir la sensación de que lo que estamos diciendo o haciendo ya lo hemos dicho y hecho antes, en una época remota; de haber estado rodeados por las mismas caras, objetos y circunstancias». Charles Dickens no podía describir mejor la sensación de «déjà vu» que irrumpió ayer en la segunda cumbre del pacto fiscal convocada por Artur Mas. Mismo escenario, el Palau de la Generalitat; mismos protagonistas, los líderes de los partidos catalanes, y mismo resultado, no se cerró ningún acuerdo.
Como venían advirtiendo PSC y PP, los partidos que faltan por sumarse al modelo de financiación del Govern, CiU no se ha movido un ápice de su propuesta inicial. Sigue defendiendo una agencia tributaria catalana que recaude y gestione todos los impuestos y que tenga una relación bilateral con el Gobierno. Mas plasmó su propuesta en un documento que incorpora algunos matices al modelo que CiU, ERC e ICV aprobaron en el Parlament, el pasado otoño, en la línea del concierto económico. La idea del Govern es que el documento, de dos folios, sirva para negociar la propuesta que acabe votándose en el pleno del próximo 25 de julio en el Parlament.

Aunque todos se emplazaron a seguir negociando para lograr un acuerdo, las cesiones de CiU son tan nimias que el consenso se presenta difícil. El boceto de Mas consta de cinco puntos. El primero reconoce que la propuesta de financiación tiene como base el concierto económico. El segundo, en cambio, tantea a PSC y PP. Constata que los seis modelos de financiación que ha tenido Cataluña, en los últimos 32 años, no han resuelto el déficit fiscal que se mantiene en el 8 por ciento del PIB y perjudica al desarrollo de Cataluña. Aunque también denuncia la «falta de lealtad» del Gobierno, «incumpliendo» acuerdos como el pago del fondo de competitividad.
El tercer punto insta al Govern a negociar con Mariano Rajoy un modelo de financiación para Cataluña en 2012. Y avanza que se creará un grupo de trabajo con las fuerzas políticas que apoyen en el pleno la propuesta de pacto fiscal para seguir la negociación.

Los recelos de PP y PSC
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, practicamente autodescartó a su partido de este equipo de trabajo. Si bien no descarta abstenerse para facilitar la negociación del pacto fiscal en Madrid, avisó a Mas de que el PP no caerá en la trampa de apoyar uno de los puntos del documento, si CiU, finalmente, consigue que la propuesta sobre el pacto fiscal se vote por partes. Sánchez-Camacho teme que si vota a favor de uno de los puntos, Mas alegue en Madrid que cuenta con el aval de los partidos catalanes, aunque este aval sea parcial.

El PSC, en cambio, no descarta nada. El primer secretario de los socialistas catalanes, Pere Navarro, prefirió no valorar el documento. «Lo haremos en los próximos días», avanzó, una respuesta que el resto de grupos interpretó como que quiere consultar el documento con sus compañeros de partido, en especial con el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba. Aunque CiU ha colocado con astucia un quinto punto para seducir a los socialistas, que aboga por destinar los nuevos recursos a reforzar el bienestar, Navarro advirtió de que «no puede salir un documento Frankenstein». «No podemos trocearlo a la hora de votarlo en el Parlament», avisó.

Pese a que mostró una «disposición total» a negociar para llegar a un acuerdo, el PSC recela del cuarto punto, que recoge el quid de la cuestión. Llama a negociar y desplegar un modelo propio y bilateral en el que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos debe corresponder a la Agencia Tributaria de Cataluña. Defiende que la agencia, que funciona desde 2007, disponga de plena capacidad y atribuciones para la organización y el ejercicio de las funciones propias de la gestión tributaria. Hay quien interpretó como un guiño al PSC que el texto recoja que la agencia catalana y española «podrán colaborar, suscribir convenios y hacer uso de otros medios de colaboración que consideren pertinentes». Pero el portavoz del Govern, Francesc Homs, aseguró que no renunciarán a una agencia tributaria propia que controle «la llave de la caja».

Para disipar dudas recordó que el documento que aprobó el Parlament hablaba de que la agencia tributaria catalana «tenía que» colaborar con la estatal, en cambio ahora dice que «podría». Es más, hizo hincapié en que no menciona la posibilidad de que representantes estatales formen parte de la hacienda catalana, tal y como reclama el PSC.

En lo que sí estarían de acuerdo PSC y PP es en el punto que garantiza la solidaridad territorial con limitaciones. El documento defiende una cuota de retorno al Estado en concepto del coste de las competencias o servicios comunes que afectan a Cataluña y en concepto de cooperción interterritorial. La cuota se revisaría cada cinco años, además añade que Cataluña no puede perder capacidad fiscal, tras hacer la contribución, y subraya que su solidaridad se destine en la comunidades receptoras a las políticas más básicas del bienestar.

El fantasma del Estatut
Que Mas insistiera en la independencia fiscal y no llegara a sumar al PSC y PP al consenso no fue el único «déjà vu» de la reunión. La cumbre volvió a celebrarse en medio de un vendaval económico. Si la última vez, quedaban cuatro días para que se anunciara el préstamo bancario y la prima de riesgo rozaba los 540 puntos, ayer llegaba a los 545, tras los recortes anunciados por Rajoy. La cumbre, la negociación y el llamamiento al consenso recuerda a otra historia, la del Estatut.