Negociar con ETA por Carmen Gurruchaga

La Comisión Internacional de Verificación, creada por los partidarios de la negociación con ETA, ha reiterado que la banda cumple con la promesa de no cometer actos terroristas y que el proceso es irreversible, No obstante, matizan que al tratarse de una organización clandestina y armada, sí puede llevar a cabo acciones ilegales, a las que no dan mayor importancia. El problema es que estos verificadores hacen el mismo papel que durante el Gobierno de Zapatero cuando confirmaron hasta en tres ocasiones que la banda mantenía el alto el fuego al tiempo que cometía un asesinato en Pamplona o robaba armas en Francia. Los verificadores, casualmente, han emitido su dictamen tras entrevistarse con políticos y agentes sociales vascos, excepto con el PP; y antes de que el lendakari se entreviste con Rajoy para pedirle que sea generoso en la política penitenciaria respecto a los reclusos de ETA. Y todo, en medio de una sorprendente campaña de acercamiento y excarcelación de etarras que hayan repudiado el uso de la violencia para lograr objetivos políticos.
Da la sensación de que estamos viviendo una perversión en la función que cada quien debe ejercer en un Estado de Derecho. En primer lugar, lo único que debería interesarnos a los demócratas es que ETA anuncie el cese definitivo de la violencia y la entrega de las armas, y que no obtenga ningún premio. Sobran los mediadores, pues comprobar si los etarras permanecen activos o no, es algo que corresponde a las Fuerzas de Seguridad del Estado y la excarcelación de los presos, al Poder Judicial. Hacer caso a la opinión de unos expertos internacionales es asumir las pretensiones etarras de internacionalizar el conflicto y trasladarlo al exterior como una guerra entre dos partes que necesita de la acción de unos mediadores. Un puro dislate que sólo contenta a los partidarios de un final negociado del terrorismo.