y el mayor fraude de dinero público

SEVILLA- La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado y el candidato del PSOE-A, y todavía presidente andaluz, José Antonio Griñán, no las tiene todas consigo, acorralado por escándalos judiciales y con un partido dividido tras el 38º Congreso y su fallida apuesta por Carme Chacón. Pero si hay algún tema que amenaza con salpicar la campaña electoral de principio a fin es el de los ERE. Una trama que se armó cuando era consejero de Economía. Él no está imputado en el caso que investiga la juez, Mercedes Alaya pero, sin duda, su nombre está vinculado a uno de los mayores fraudes de dinero público de la democracia en España, que ha dañado su imagen tanto como la de su Gobierno –el actual director general de Empleo está imputado–.
Con ese lastre acudirá a los comicios que ha fijado el 25 de marzo, confiando en que logrará contener la «marea azul» que se extendió en el país tras el 20-N. Pero no será fácil. En los juzgados se investiga el reparto arbitrario y opaco de más de 1.000 millones de euros desde 2001 a 2010, con una fórmula que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado ilegal.
La tipología de las ayudas que el Ejecutivo regional repartió era diversa, pero la más conocida es la que servía para pagar expedientes de regulación de empleo (ERE). En ese mismo periodo y con cargo a la misma partida presupuestaria, la Junta también otorgaba cantidades que oscilaban entre los 450.000 euros y los 1,2 millones a empresas supuestamente «en crisis». Según ha puesto en evidencia la investigación, el dinero se repartía en ocasiones sin un control «a priori» de la sociedad destinataria y casi nunca «a posteriori» del destino final de los fondos del Gobierno andaluz.
Un ejemplo: dos empresas del ex chófer del que fuera director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, recibieron 900.000 euros para que ambos se los gastaran en fiestas y cocaína, según la declaración policial del primero, que el ex alto cargo niega tajantemente.
Ligado a los mediáticos expedientes de regulación, el PP habla ya de tres «fondos de reptiles», la juez investiga también el pago de comisiones millonarias a las aseguradoras que tramitaron los ERE y si el Gobierno autonómico ha incumplido la normativa de la Unión Europea. Además, se ha hecho público algún caso de «espionaje político» y la supuesta eliminación de archivos en los ordenadores de la Consejería de Empleo, que dirige Manuel Recio, días después de que saltara el asunto de los ERE fraudulentos.
¿Cuál es la posición del Ejecutivo autonómico? Ha denunciado y está colaborando al cien por cien con la Justicia, si bien la instructora ha tenido que volver a pedir datos de expedientes en varias ocasiones. No se han asumido responsabilidades políticas, pese a que las alarmas internas sí saltaron y algunos mecanismos de control, como la Intervención General de Hacienda, plantearon en varias ocasiones sus dudas sobre el procedimiento elegido para repartir ayudas. Con todo, no es el único caso de corrupción que ha copado los medios en los últimos meses en Andalucía. La Consejería de Empleo, de nuevo, también ha pagado subvenciones a empresas por incorporar a sus plantillas a personas discapacitadas que jamás ocuparon los puestos para los que fueron contratados. El caso lleva meses en la Fiscalía Superior de Andalucía. La total falta de control del dinero es flagrante, como demuestran algunos ejemplos: personas con problemas severos de audición contratados como telefonistas o con movilidad reducida «fichados» para repartir prensa.
Y hay más fraudes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía investiga las ayudas a la contratación indefinida pagadas con fondos europeos. De hecho, la Junta admitió haber detectado casi 4.000 casos de más de 800 empresas que se han quedado con el dinero.
Otro foco corrupto se ha destapado en Cádiz ligado al plan para revitalizar la bahía. El dinero que debía haber servido para revitalizar la deprimida comarca gaditana y crear empleo, fue a parar en parte a fondos de inversión. Según investiga la Udyco, una red de gestores, empresarios y cargos de la Junta desviaron más de 25 millones de euros en subvenciones. ¿El destino? Operaciones de carácter meramente especulativo que ahora ha de rastrear la Policía, encargada del asunto.
Griñán tampoco escapa de la herencia. Los «trapicheos» de los hijos de Manuel Chaves, Iván y Paula, incluso de un sobrino condenado por abuso de menores, han alterado también esta legislatura del Gobierno socialista. El crédito de la marca PSOE se desvanece. Ganar las próximas elecciones, cercado por los procesos judiciales y los críticos dentro del seno de su propio partido, no se aventura fácil para el heredero de Chaves. Treinta años de desmanes pueden ser demasiado.