Sevilla

Guerrero: «Las ayudas contaban con la autorización de mis superiores»

Guerrero: «Las ayudas contaban con la autorización de mis superiores»
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SEVILLA- La Junta de Andalucía lo ha señalado como el máximo responsable de la trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayer, Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo del Gobierno regional respondió a preguntas de la Guardia Civil durante más de seis horas, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la Benemérita. El escenario: el cuartel de la avenida de Eritaña, en Sevilla, al que llegó acompañado de su abogado, Fernando de Pablo, alrededor de las 09:00 horas y que dejó pasadas las 15:00.

El ex alto cargo de la Junta, quien desveló en sede policial en diciembre de 2010 la existencia de una partida de fondos públicos para ayudar a empresas en crisis que denominó «fondo de reptiles» –31L–, confirmó a los investigadores que «cuantas ayudas y subvenciones pudieron darse sobre su mandato, contaban con el conocimiento y autorización de sus superiores», según ha podido saber este periódico.
Quiso dejar claro que durante el desempeño de su cargo, que ocupó entre los años 1999 y 2008, nunca adoptó «decisiones unipersonales» y que las ayudas libradas de forma directa a través del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA–, con cargo al «fondo de reptiles», respondieron a «codecisiones compartidas». Disparó hacia arriba con balas de plata. Cabe recordar que la Dirección que ostentaba depende de la Consejería de Empleo que ocuparon en ese periodo tres consejeros distintos: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera–actual secretario general de los socialistas sevillanos– y Antonio Fernández. La extensa comparecencia de Eritaña, enmarcada en la investigación que promueve la juez Mercedes Alaya sobre una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo financiados con fondos públicos, giró sobre las ayudas concedidas en concreto a «tres o cuatro empresas», según apuntaron a LA RAZÓN fuentes próximas al ex director de Trabajo.

La «manera que en general tenían de funcionar», el circuito que seguían las subvenciones presuntamente fraudulentas, también centró parte del interrogatorio al que Guerrero se sometió y a quien los agentes requirieron su presencia telefónicamente. Y es que según la investigación, en virtud a un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y el antiguo IFA, éste habría destinado en los últimos años más de 647.869.000 euros para la reestructuración de empresas supuestamente en crisis con cargo a la ya famosa partida 31L.

El dinero concedido de esa forma ni siquiera se reflejaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), lo que, según la Policía Judicial, constituye un «incumplimiento flagrante» de la Ley General de Hacienda Pública del Ejecutivo regional.

La nueva declaración de Guerrero ha tenido lugar pocas semanas después de que su entonces chófer pusiera al ex alto cargo, ahora principal imputado en la causa, en el foco mediático tras hacerse pública su declaración donde lo acusaba de destinar buena parte de las ayudas a comprar cocaína y a fiestas, entre otras cuestiones. Una afirmación que el ex director desmintió de forma categórica, además de trasladar a su abogado su intención de querellarse contra todo el que lo aseverara. Todavía tiene pendiente ampliar su declaración.

 

La Junta pidió dos veces a la juez Alaya que lo citara
La Junta de Andalucía ha remitido este mes a la juez que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, sendos escritos en los que le solicitaba que cite a declarar de «modo inmediato» al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerreo, en calidad de imputado.
Fuentes de la Junta informaron a Europa Press que en dos ocasiones se ha solicitado a la juez que cite a declarar a Guerrero, la primera el 13 de enero y la segunda el día 20. Se da la circunstancia de que estas peticiones se produjeron después de que el pasado día 9 de enero salieran a la luz las «andanzas» del que fuera su chófer.