La obra pública y la morosidad de las administraciones por E FIGUEROA

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Una empresa de construcción no se crea de la nada. Detrás de estas empresas hay años de experiencia y el esfuerzo de las personas que han dedicado parte de su vida a construirlas. En cambio, destruirla es fácil. Basta con ver cómo constructoras de renombre en Andalucía han desaparecido a causa de que ni tienen obra nueva que ejecutar ni la Administración les paga las infraestructuras que han realizado. La morosidad de las administraciones suele estar detrás de la desaparición de muchas de las empresas dedicadas a la obra pública.
Y las cifras son claras y demoledoras. En los últimos tres años, las deudas que soportamos las empresas de la obra pública han crecido un 36%. El 75% de esta deuda es directamente de pagos pendientes de organismos públicos por obras contratadas y ejecutadas. Este dato pone de relieve, una vez más, que las administraciones públicas incumplen en mayor medida la Ley de Lucha contra la Morosidad que las empresas privadas.
Y no sólo se incumplen los pagos en sí, sino que las administraciones superan con creces el plazo máximo de 60 días de pago a proveedores que marca la Ley de Lucha contra la Morosidad.
Esta situación no es nueva. La tardanza en los cobros es una problemática histórica. Sin embargo, ahora se vuelve insostenible, ya que a ella se suma la mínima carga de trabajo de las empresas constructoras, apenas hay obra nueva. Y, además, la actividad de las empresas se encuentra frenada por las restricciones a créditos por parte de las entidades financieras.
Esta situación está haciendo mucho daño, directamente, sobre las plantillas y las cuentas de resultado de las constructoras e ingenierías.
No podemos olvidar la ya maltrecha situación que vive el sector con la caída de las inversiones en obra pública. Sólo la Junta de Andalucía ha reducido bruscamente, en torno a un 65%, su presupuesto para obras de infraestructuras entre 2008 y 2010.
Siempre se recorta en infraestructuras. El plan de austeridad puesto en marcha por los gobiernos central y autonómico se ha centrado en exclusividad en recortar las inversiones más productivas, como son las obras públicas. Es bien sabido que por cada millón que se invierte en infraestructuras, el 60% revierte a la Administración en forma de impuestos, tasas…
Por ello, lo que desde la obra pública demandamos a nuestros dirigentes es que no dejen morir a un sector que tanto ha luchado por ser referente de la cultura emprendedora de Andalucía, que ha dado empleo a muchas generaciones de trabajadores y que ha sido motor del desarrollo económico de nuestra región. Si las empresas hacemos lo imposible para pagar a nuestros proveedores, con los recursos tan limitados que ahora mismo tenemos, reclamamos que la Administración también podrá hacer lo posible para cumplir la ley y no destruir más puestos de trabajo.


Enrique Figueroa es presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública ( Ceacop)