Caso Auditorio

Rubalcaba no cesa a Tovar para no involucrarle en la agresión a Cruz

El diputado popular exige responsabilidades a González Tovar porque «nada previó para evitar esta situación».

El diputado nacional del PP Alberto Garre (izq). El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba (drcha)
El diputado nacional del PP Alberto Garre (izq). El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba (drcha)larazon

MURCIA- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó la propuesta de cesar al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, porque según consideró ayer, esta decisión «supondría» que «tiene algo que ver» con la agresión sufrida el pasado día 15 por el consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad, Pedro Alberto Cruz.

La paliza propinada al consejero, al parecer por dos desconocidos, ha vuelto esta semana a la Cortes Generales de la mano del diputado del Partido Popular por Murcia Alberto Garre en una pregunta a Rubalcaba durante la sesión de control al Gobierno que se celebraba en el Congreso, «la pregunta que le hago es si avala la actuación del delegado del Gobierno, tal y como está transcrita».

El vicepresidente primero comenzó su intervención condenando el ataque en nombre del Gobierno y de todo el PSOE como ya hiciera la semana pasada en el Senado. Acto seguido, Rubalcaba respondió a la cuestión, «sí la avalo y, por tanto, no le vamos a cesar. Respondo a su nonata pregunta».

Sin embargo, el diputado popular reconoció que los únicos responsables de los hechos son los autores de la agresión, pero defendió que las responsabilidades políticas deben exigirse «a quien nada previó para evitar esta cuestión» y además, atribuyó el clima de crispación en la Comunidad murciana al «manirroto» Gobierno autonómico, en referencia al delegado del Gobierno.

Por su parte, Rubalcaba negó estas acusaciones y apoyó la actuación de Rafael González Tovar, tras lo que declaró que llevar a cabo esta propuesta presentada por el PP, «sería admitir que tiene algo que ver con la agresión al consejero, y eso es un absoluto disparate».

Asimismo, recordó que el Gobierno acordó con el Ejecutivo regional un plan de seguridad que garantice el trabajo de todo el gabinete, tanto en la esfera pública como privada, y subrayó que en su intervención en el Senado ya recomendó al Partido Popular que no tratara de «pescar en río revuelto» y le animó a trabajar «de la mano» para resolver la situación. «Pero ahora vuelven a la carga», añadió Rubalcaba antes de recordar unas palabras del propio consejero reconociendo la necesidad de ser objetivos y la dificultad de prever la agresión.


Quebrantar la ley
El diputado popular rechazó estas explicaciones y destacó que ya entre el 22 de diciembre y el 15 de enero se produjeron diversos hechos en Murcia que «quebrantaron principios constitucionales» como fue la seguridad ciudadana o el derecho a la integridad física y moral de las personas.

Por ello, hizo hincapié en que los encargados de mantener el orden son las fuerzas de seguridad bajo la dirección del Gobierno, a través de su delegado en las autonomías, y en el caso de Murcia consideró «evidente» que no se han protegido esos valores constitucionales.

«La detención de los responsables y juzgarlos es cuestión de la justicia, pero la decisión política y responsabilidad política hay que exigirlas a quien nada previó para evitar esta cuestión», insistió en alusión al delegado del Gobierno.


La adjudicación de las obras del Aeropuerto, bajo legalidad
En la Región de Murcia, mientras tanto, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Martín Quiñonero criticó las declaraciones de la diputada socialista Teresa Rosique en relación al Aeropuerto Internacional «porque es consciente de que la adjudicación de las obras del Aeropuerto se realizó en 2006 con arreglo estricto a la legalidad y, a pesar de ello, se empeña en tergiversar el anteproyecto de informe del Tribunal de Cuentas para hacer que no lo parezca». Asimismo, Quiñonero subrayó que «la omisión de detalles, información y el sesgo de los datos que se ofrecen a los ciudadanos, no deja de ser una mentira, como la que realiza el PSRM al hablar de un ‘informe' del Tribunal de Cuentas que en realidad es un anteproyecto que ahora mismo está en fase de alegaciones, y que la Comunidad Autónoma está justificando punto por punto». Por este motivo, el responsable popular consideró imprescindible «contestar a todas las falacias vertidas por Rosique».