Francia se reafirma y seguirá con la expulsión de gitanos pese a la UE

«De ninguna manera vamos a suspender las expulsiones, se trate de rumanos, búlgaros o de cualquier otro extranjero, a sus respectivos países de origen». La contundencia de la respuesta del ministro de Inmigración francés, Eric Besson, estaba a la altura de la rotunda mayoría de los diputados europeos que ayer exigieron a Nicolas Sarkozy que cese «inmediatamente» las deportaciones de gitanos del Este, después de que este verano se recrudecieran las expulsiones a raíz del desmantelamiento de más de un centenar de campamentos ilegales.
La resolución, presentada por una coalición de la izquierda y los liberales, y aprobada ayer en el Parlamento Europeo (PE) por 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones, concierne a todos los socios pero Francia es el único país que aparece citado. Y en términos poco halagadores. En el texto no sólo se declaran «preocupados» por las medidas adoptadas por las autoridades galas sino por la «retórica provocadora y abiertamente discriminatoria» de algunos responsables políticos durante las recientes operaciones de expulsión de romaníes, en clara alusión al presidente galo, y que no hacen según ellos sino «dar crédito» a posiciones racistas, así como a los actos de grupos de extrema derecha.
Alcance moral y político
No obstante, el Elíseo trataba ayer de minimizar la trascendencia de esta advertencia, que no tiene carácter vinculante ni es obligatoria puesto que la institución no es competente en la materia. Su alcance es de orden moral pero sobre todo político, pues la resolución se oponía a otra presentada por el PP europeo, más moderada, en la que no se condenaba la política de París y que no obtuvo la mayoría del hemiciclo. De ahí, la andanada verbal de Besson: «El Parlamento europeo se ha extralimitado en sus prerrogativas. No tenemos ni mucho menos que someternos a tal ‘‘dictado'' político», replicaba desde Bucarest el ministro, que denunció una vez más «las caricaturas y tentativas de manipulación» antes de reiterar que «Francia aplica escrupulosamente el derecho comunitario y la ley republicana francesa» frente a las acusaciones de algunos eurodiputados sobre la supuesta ilegalidad de las deportaciones. Acusado de haber procedido a expulsiones colectivas, prohibidas por la normativa europea, el ministro aseguró que no se ha tomado «ninguna medida específica contra los Rom –gitanos del Este–», argumentando que se les está tratando en función de su nacionalidad y no por su pertenencia a una comunidad o grupo social.
La áspera amonestación del PE, que no acostumbra a sermonear de este modo a sus Estados miembros, coincidía con la visita ayer del responsable galo de Inmigración y del secretario de Estado de Asuntos Europeos francés a Rumanía, donde exigieron a las autoridades de este país un «plan de urgencia» para la integración de la comunidad gitana en su propio territorio. Además, París espera obtener de Bucarest compromisos concretos sobre cooperación policial y judicial y la lucha contra el tráfico de seres humanos.

La Policía registra la sede de UMP por el caso L'Oréal
n Oficialmente fue una «visita» y no un registro. El miércoles la sede del partido de Nicolas Sarkozy, UMP, fue tomada durante una hora por agentes de la brigada financiera de París y por orden del fiscal encargado de la investigación sobre una presunta financiación ilícita del partido y de la campaña electoral, en 2007, del hoy presidente francés por parte de Liliane Bettencourt, la dueña de L'Oréal. Sin embargo, parece que tras consultar los archivos los agentes abandonaron la sede con las manos vacías. Estuvieron indagando en el primer trimestre de aquel año, fecha en la que se acusa al tesorero de la formación y actual ministro de Trabajo, Eric Woerth, de recibir 150.000 euros del administrador de Bettencourt.