Facua pide a la Fiscalía que investigue una posible estafa en los pagarés de Nueva Rumasa

Según la asociación de consumidores, Carcesa "ingresó 70 millones en pagarés supuestamente destinados a la compra de nuevas compañías, pero utilizó parte del dinero para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Ruiz Mateos".

De esta forma, Facua pedirá a la Fiscalía Provincial de Badajoz que abra diligencias previas para determinar si Carcesa, con domicilio social en Mérida (Badajoz), estafó a los inversores que adquirieron los pagarés que emitió en 2009 utilizando su dinero para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Nueva Rumasa.

"Los fondos obtenidos por la emisión de pagarés se emplearán en la adquisición de empresas, teniendo en este momento en estudio la compra de varias sociedades que representan auténticas oportunidades de negocio", aseguraba el folleto informativo de emisión de pagarés entregado a quienes confiaron su dinero a Carcesa, donde aparecía como responsable su apoderado general, Alvaro Ruiz-Mateos Rivero, según ha precisado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

Interés del 8%
Los pagarés prometían un interés anual del 8% y un plazo de vencimiento de un año desde la fecha de su publicación en los medios de comunicación el 23 de febrero de 2009.

Según sus cuentas anuales, depositadas en el Registro Mercantil, Carcesa logró captar algo más de 70 millones de euros en pagarés en 2009, "pero durante todo el ejercicio, la propietaria de las marcas Apis y Fruco únicamente compró una empresa, Quesería Menorquina, que figura con un valor contable de 1,7 millones de euros", ha agregado.

Durante ese año, Carcesa aprovechó para reducir con varias entidades financieras su deuda, sobre todo a corto plazo, que pasó de 28,9 a 18,7 millones de euros entre el cierre de 2008 y el de 2009, y prestar 124,3 millones a otras empresas del grupo. Así lo indica en su informe la firma de auditoría, Garrido Auditores.

Ha agregado que en febrero de 2009, cuando comenzó a lanzar pagarés, Nueva Rumasa se presentaba en su publicidad como "uno de los grupos empresariales más importantes de nuestro país con una valoración patrimonial neta de 3.000 millones de euros".
En dos años, aumentó hasta los 5.000 millones esa valoración, que no ha estado sujeta a ninguna auditoría.

Facua espera que la Fiscalía investigue "si hubo engaño punible para lograr que los inversores confiasen su dinero a Carcesa y otras empresas de Nueva Rumasa, tanto por el destino dado al dinero como por la cuantificación del patrimonio"y también que aclare "si, como prometió en alguno de sus anuncios, las cuentas consolidadas de las sociedades del grupo llegaron a ser auditadas por una firma de prestigio, ya que éstas no se han hecho públicas".

Carcesa es una de las diez empresas de la familia Ruiz Mateos que han solicitado el 'preconcurso' de acreedores para poder negociar un plan de pagos durante cuatro meses y evitar declararse en suspensión de pagos.

Cambios legales
Asimismo, Facua reclama un cambio legal "para que ofertas como las de los pagarés de las empresas de la familia Ruiz Mateos no sigan escapando de la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".

Así, recordó que "hasta hace seis años, las ofertas de estas empresas podrían haberse condicionado a una autorización administrativa previa, pero una modificación introducida en 2005 a través de un Real Decreto Ley permitió que se saltaran esa obligación por tratarse de inversiones de al menos 50.000 euros".

Precisó que "antes de las modificaciones introducidas en la Ley del Mercado de Valores por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, el Ministerio de Economía y Hacienda hubiera podido determinar que debían someterse a su autorización previa ya que los rendimientos prometidos eran exigibles, en su totalidad o en su mayor parte, en plazos superiores
a un año, concretamente de 12 o 18 meses".

Publicidad engañosa
Asimismo, Facua ha criticado que, dado que la CNMV tuvo que limitarse a emitir advertencias sobre las ofertas de las empresas de la familia Ruiz Mateos, las autoridades de Consumo del Gobierno y las comunidades autónomas "no interviniesen para analizar y actuar ante una publicidad con bastantes visos de resultar engañosa".

En ese sentido, la federación de consumidores ha asegurado que "para ofrecer credibilidad a los posibles inversores, los anuncios difundidos en televisión, radio y prensa presentaban la imagen de un holding inexistente, Nueva Rumasa, y los logotipos de las empresas propiedad de los Ruiz Mateos, cuando en realidad las firmas que tendrían que responder de los pagarés serían única y exclusivamente sus emisoras".