Caso Auditorio

La Policía garantizó al PP hace un mes que investigaría el acoso

El comandante de la Brigada Antidisturbios de la Policía Nacional pidió los datos de los políticos agredidos el 22 de diciembre, pero Delegación de Gobierno nunca actuó

El presunto agresor del consejero de Cultura de Murcia, durante su traslado desde el Palacio de Justicia hasta la Comisaría
El presunto agresor del consejero de Cultura de Murcia, durante su traslado desde el Palacio de Justicia hasta la Comisaríalarazon

MURCIA- Los graves incidentes acaecieron el pasado 22 de diciembre cuando el secretario general de la Consejería de Presidencia de la comunidad autónoma de la Región de Murcia, José Gabriel Ruiz, y el senador del Partido Popular por Murcia Pedro Manuel Hernández, fueron objeto de las iras de los manifestantes que atacaron a los dirigentes populares, que se vieron obligados a tener que buscar refugio en una iglesia del centro de Murcia para no ser víctimas de los feroces ataques. Desde allí, salieron con protección policial dentro de un furgón con destino al Palacio de San Esteban (sede del Gobierno murciano).

Una vez en ese lugar, LA RAZÓN ha podido saber que mientras los dos políticos agredidos (José Gabriel Ruiz y Pedro Manuel Hernández) se encontraban tomando un refresco y recuperándose del susto en un bar de la zona recibieron el aviso de que la Policía se pondría en contacto con ellos para analizar lo ocurrido. De esta manera, fuentes oficiales aseguraron a este diario que el escolta del presidente de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, recibió la llamada del comandante de la Brigada Antidisturbios de la Policía Nacional para recoger sus datos personales como teléfonos, dirección, nombre completo y número de carnet de identidad. El alto cargo policial les comunicó por medio del escolta de Valcárcel que en las próximas horas se pondrían en contacto con ellos para conocer con detalle lo sucedido. Esto pasó el 22 de diciembre de 2010. Hoy es 19 de enero de 2011, casi un mes después, LA RAZÓN ha podido conocer que ninguno de los dos dirigentes populares ha recibido la llamada de ningún cargo de la Policía ni del organismo público de la que ésta depende, es decir, la Delegación del Gobierno. De esta manera, queda en el campo de la hipótesis lo que se pretendía lograr con la llamada que nunca se produjo. «No sabemos si querrían interrogarnos por lo sucedido, formular una denuncia por los actos violentos o realizar una rueda de conocimiento por si dábamos con la identidad de algún agresor», declaró ayer a este periódico una fuente autorizada.


Responsabilidades
Esta sensación de abandono que se percibe hacia el PP murciano tiene un claro responsable para el Gobierno de la Región de Murcia. De esta manera, el Ejecutivo de Valcárcel declaró en un comunicado oficial que la responsabilidad de garantizar la seguridad a los miembros del Gobierno regional murciano es del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, quien restó importancia a los incidentes registrados en diversas manifestaciones, en las que incluso se registraron agresiones a personas, y por ende no tomó las medidas necesarias para proteger la integridad de los dirigentes y cargos de la comunidad autónoma. Tras la agresión el pasado sábado al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, el presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, llamó al delegado del Gobierno para recriminarle su pasividad en la protección de los miembros del Ejecutivo autonómico, que están siendo objeto de agresión en las últimas manifestaciones y actos de protesta e incluso acosados. Asimismo, Valcárcel le exigió a González Tovar que desplegara un dispositivo de seguridad especial con el fin de preservar la integridad física de los consejeros del Gobierno murciano.