IU: «La función pública no debe suplantar a la función política»

Sevilla- El debate de ayer en el Parlamento a propuesta del PP sobre la racionalización de la «administración paralela» de la Junta se produjo con las brasas aún humeantes del aviso de la consejera de Hacienda. Carmen Martínez Aguayo aseguró el martes que en el sector empresarial público puede haber recortes de salario, de horario o incluso despidos. La estrechez presupuestaria y la condicionalidad del Gobierno a cambio de inyectar dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a Andalucía aparecen como telón de fondo.

El PP mantiene un discurso claro al respecto. Rechazo de la reordenación pública que permitió el blindaje de más de 20.000 trabajadores a dedo, que son los que ahora están expuestos a los ajustes deslizados por Aguayo; un nuevo plan de racionalización «disminuyendo la administración paralela»; y la reducción, entre otras medidas, de las encomiendas de gestión que en ocasiones han sido tumbadas por los tribunales al contar las consejerías con personal suficiente para realizar estos trabajos. «No es tiempo de derroche, sino de austeridad», señaló la diputada de este grupo Ana María Corredera.

A IU le cuesta mantener el equilibrio entre ser partido de oposición y de Gobierno. La diputada izquierdista Rosalía Martín cargó contra la «retórica de sembrar dudas» del PP y defendió la reordenación pública tan criticada por IU antes de subirse al bipartito. En su argumentario de defensa tiró de la táctica habitual del Partido Socialista y puso la lupa en otras administraciones gobernadas por el PP. Citó los imputados de la Cámara valenciana, los 18 concejales con dedicación exclusiva de Almería o la «moda» de que en los ayuntamientos medios del PP haya guardaespaldas. «¿De pronto IU está de acuerdo con todas las irregularidades de la ley del enchufismo?», «el TSJA ha llegado a decir en una sentencia que la integración supone un desprecio al Estado de derecho, ¿está IU a favor?», señaló Corredera. La diputada de IU consiguió sorprender a la Cámara cuando aseguró que «la función pública no debe suplantar a la función política». No fue ningún lapsus mentis. Explicó su postura y dejó claro que se trataba de una opinión personal. Horas más tarde, el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, defendió que «no puede haber destrucción de empleo» en el proceso de «racionalización» del sector público, lo que añade una dificultad más a Hacienda y un punto más de fricción entre los socios de gobierno.

El debate cayó a ambiente de sainete después de la intervención del diputado malagueño del PSOE Enrique Benítez. Sacó al paso una lista de nombres de descendientes de cargos franquistas a los que presuntamente ha ocupado Rajoy, relacionó el informe sobre los 450.000 políticos españoles con la intención del PP de querer saltarse las listas de espera para las donaciones de órganos y, parafraseando el título de la película «por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo», instó a la diputada del PP a hablar abiertamente de sexo. Pidió la palabra por alusiones el parlamentario del PP Antonio Garrido, al que Benítez le recomendó el título de un libro: «Yo le recomiendo otro, esperpentos de don Ramón María del Valle Inclán. El que acaba de hacer es un inédito».