Adiós a la «Operación Galgo»

Madrid- La Audiencia Provincial de Madrid puso ayer prácticamente el punto y final a la «Operación Galgo». El tribunal ha declarado nulas las escuchas telefónicas practicadas, así como las entradas, registros y las declaraciones que varios de los imputados prestaron mientras la causa era secreta. Además, la Audiencia considera que las medidas que se adoptaron para perseguir el presunto delito que se investigaba fueron desproporcionadas.

Así lo acordó el tribunal madrileño en un auto notificado ayer. El auto rechaza el recurso de la Fiscalía contra la resolución en la que la juez que instruía el caso declaró nulas las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil a Marta Domínguez desde junio de 2010, cuando comenzó la operación. La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, había acordado previamente el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones relativas a la comisión de un supuesto delito de dopaje por la atleta palentina y su agente, José Alonso Valero.

Los magistrados de la sección primera de la Audiencia de Madrid justifican la nulidad del auto con el que el 26 de junio de 2010 se incoaron diligencias y se acordaron las escuchas diciendo que la solicitud de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil «no contenía ningún indicio objetivo o sospecha fundada de la comisión por los investigados de un delito de dopaje deportivo».

La sala asegura que «el rumor, el chismorreo o la habladuría no pueden considerarse como indicios de delito». La Audiencia deja sin efecto no sólo ese auto inicial, sino los que autorizaron la prórroga de las escuchas entre los meses de julio y octubre de ese año.

En diciembre de 2010 también se autorizaron entradas y registros en los domicilios de los imputados Eufemiano Fuentes y de su hermana Yolanda, Alberto León, Manuel Pascua, María José Martínez, César Pérez, José Alonso Valero, Alberto García, Manuel Barceló y Marta Domínguez, que también quedan anulados «por existir una clara conexión de antijuricidad con las escuchas declaradas no válidas. Lo mismo ocurre con las numerosas vigilancias policiales, de las que se dejan sin efecto «las que proceden de observaciones telefónicas declaradas nulas». La «Operación Galgo» ya es historia.