Indignados y «okupas» se alían e invaden un bloque de Verdum

BARCELONA – Tras la manifestación del sábado, el colectivo del 15–M se apropió de un edificio situado en la calle Almagro del distrito barcelonés de Nou Barris, y aprovecharon la ocasión para «beneficiar» a tres familias «okupas», que ya se han instalado en el inmueble.
Alianza

Los indignados facilitaron la entrada de estas tres familias, a las que a última hora de ayer se sumaron otras cuatro, que así se beneficiaron de las ayudas del colectivo del 15–M. Según aseguraron, con esta actuación quieren «denunciar la injusticia que supone que Barcelona cuente con pisos vacíos mientras que cada vez más personas pierdan sus viviendas debido a la crisis». La alianza entre indignados y «okupas» se ha hecho este fin de semana más evidente que nunca.

Este bloque de viviendas, del barrio de Verdum, es un edificio de obra nueva que lleva vacío cinco años y cuenta con suministro de agua y luz. La propiedad del edificio ha ido pasando de mano en mano en este tiempo, y ahora está a punto de quedar bajo el paraguas de una entidad bancaria.

El propietario del inmueble, por su parte, presentó una denuncia por esta «okupación» en un juzgado de guardia. El edificio tiene quince viviendas, y teme que, ante la permisividad de los indignados, todos los pisos se llenen de nuevos inquilinos sin permiso.

La existencia de una denuncia por ocupación podría permitir, si lo ordena el juez, la intervención de la Policía Autonómica para expulsar del bloque a las personas que se hayan instalado allá de manera ilegal.

Aparte de las tres familias citadas, unas 40 personas, la gran mayoría miembros del colectivo de indignados, pernoctaron la noche de sábado a domingo en el bloque ocupado, y por la tarde celebraron una asamblea para debatir sobre las actividades a llevar a cabo. Parece ser que los indignados quieren crear en este inmueble un centro social para el barrio.

Ocupación «ilegal»
Por su parte, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, recordó que la ocupación de una propiedad privada, como es este caso, es «ilegal» y que, si existe una denuncia, «se debe desalojar» a las personas que se hayan instalado en ella.

A su juicio, «si detrás de una ocupación hay una situación extrema de unas personas o de una familia, entonces, quien debe actuar es la administración púbica». «Somos nosotros los que debemos dar respuesta a estos casos extremos», señaló Trias. «Así lo hacemos, a través de nuestros servicios sociales y juntamente con las entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito», agregó el alcalde.