Jueces dudan de la viabilidad del acuerdo programático de PSOE e IU

Sevilla- «Seguimos con la dificultad, por no decir imposibilidad, de aproximarnos a la meta del ‘rendimiento óptimo de la Justicia', que cada órgano (unipersonal o colegiado) resuelva dentro de los plazos que las leyes procesales establecen todos los asuntos atribuidos a su competencia, con la máxima calidad y precisión exigibles». Es un párrafo de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2011 que es aplicable hoy, según fuentes del mundo de la judicatura.

En este ámbito no dudan de la capacidad «de trabajo» del nuevo consejero del ramo, el fiscal Emilio de Llera, pero sí de que se pueda materializar el apartado del acuerdo programático rubricado por PSOE e IU, para llegar al cogobierno, relativo a Justicia.

Fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que existe aún «una situación de atasco generalizado que hace que en muchas jurisdicciones sea discutible que haya tutela judicial efectiva puesto que los asuntos tardan años en resolverse». Lamentan, asimismo, la falta de medios personales y materiales que padecen en los juzgados. Por contra, como dato positivo, observan «una ligera mejora y una tendencia a la estabilidad por dos factores». ¿Cuáles? La disminución del número de asuntos registrados y el alza de resoluciones. Aspecto este último motivado por «el ligero aumento de jueces, lo que no ocurrirá en los próximos años por la congelación de las oposiciones», avisan, y por la «incomprensible capacidad de éstos para seguir elevando el número de resoluciones». Algo que «no siempre es positivo» ya que, según advierten, «se hace a costa de una merma de la calidad y del tiempo que se dedica al estudio de los asuntos», al margen del coste personal para el magistrado.

«La situación es muy mala –lamentan–. En el ámbito contencioso se tardan años en ver un asunto. En lo Civil, en Sevilla, resolver uno en primera instancia puede conllevar meses y la tendencia es a empeorar». En ese escenario, socialistas e izquierdistas pretenden «profundizar en la democratización de la Justicia y transformar su Administración en un servicio público transparente, ágil y de calidad, cercano al ciudadano». Desde Foro Judicial Independiente se preguntan «qué significa la democratización de la Justicia» y quieren dejar claro que ésta «ya es transparente». Otro de los objetivos de ambas formaciones políticas, que tendrá que gestionar el equipo de De Llera, pasa por impulsar un «programa de modernización de sedes judiciales» y «adaptar la Administración de la Justicia a los nuevos tiempos y necesidades». La cuestión aquí, para fuentes de Foro, es saber «cuánto dinero se va a dedicar a esta modernización».
Constatan que «las instalaciones andaluzas están obsoletas, son incómodas e inseguras e incluso se puede hablar de edificios insalubres en algunos casos» y recuerdan que en ellas «se sigue trabajando con expedientes en papel, mientras el resto de la Administración funciona en buena medida ya electrónicamente».

Magistrados de este colectivo tienen réplica también para otras dos propuestas de los socios de gobierno en la Junta. Éstos abogan por garantizar «el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita» y fomentar «los juzgados de Paz como un instrumento eficaz al servicio de la mediación que permita a los ciudadanos resolver sus conflictos sin tener que recurrir a la jurisdicción ordinaria». Fuentes de Foro Judicial Independiente consideran que «la gratuidad, que hay que garantizar, podría promover litigios sin fundamento alguno», dado que en la actualidad «fallan los filtros». Abogan por «buscar un sistema para que sólo pasen a juicio los asuntos que tienen posibilidad de ser ganados» y aportan un dato: «El año pasado se gastó más en Justicia gratuita que en la masa salarial de todos los jueces andaluces». «Hay que replantear este tema, que tiene que salir más barato –puntualizan–. Es cuestión de eficiencia». Por lo que respecta a los juzgados de Paz, «impulsarlos es carísimo», deslizan.

Otro propósito de legislatura de PSOE e IU es «facilitar a las víctimas el apoyo no sólo jurídico, sino también psicológico y social». En este sentido, fuentes de la magistratura plantean: «En el sistema que tenemos, existe una superprotección del presunto culpable e incluso condenado, mientras se abandona a las víctimas».

«Cuestiones políticas» que exceden competencias
«Apoyaremos la investigación de bebés robados durante la Dictadura y comienzos de la democracia». Ésta es una de las aspiraciones expresadas en el programa pactado por PSOE e IU. Si bien, fuentes de Foro Judicial Independiente recuerdan a LA RAZÓN que «la Junta tiene transferida sólo la gestión de medios materiales del poder judicial y parte del personal, por lo que los bebés robados exceden de sus competencias». Consideran que tanto este tema como la anunciada Ley de Memoria Democrática para Andalucía «bajo los principios de verdad, justicia y reparación» son «cuestiones políticas», dentro de un programa «muy genérico».