Sanidad y los laboratorios ponen coto a las autonomías

Aunque todos apuntan ahora a la bancarrota como principal peligro, el Sistema Nacional de Salud se enfrenta a otro reto mucho mayor aún, si cabe, que puede acabar de desintegrarlo por completo. Se trata de las acometidas que están realizando cinco autonomías, a las que podría sumarse en breve una sexta, en materia de gasto farmacéutico. El órdago de Castilla-La Mancha, País Vasco, Cantabria, Galicia, Andalucía y, posiblemente, Extremadura tiene mucho más calado del que parece a simple vista, pues su decisión de vetar la dispensación de determinadas marcas originales de medicamentos o de bloquear su prescripción por parte de los médicos no sólo pone en jaque la autonomía de los profesionales, ni busca únicamente ahorrar unos euros extra para sus depauperadas arcas.

La ofensiva constituye en realidad un desaire en toda regla al Ministerio, que es el que tiene la competencia exclusiva a la hora de autorizar y fijar el precio de los fármacos. Ignorando su criterio, o yendo más allá, se diluye la máxima autoridad sanitaria del Estado y el mercado se fragmenta en tantas islas como consejerías de Salud , reduciéndose así la competitividad sanitaria de nuestro país. Un nuevo granito de arena en las ruedas de los laboratorios y de la investigación biomédica, en un momento además de grave riesgo de deslocalización por los efectos acumulados de los dos decretos contra el gasto que ha aprobado el Gobierno este año. La ofensiva rompe también la igualdad sanitaria, ya que los ciudadanos podrán acceder gratis en unas regiones a fármacos que en otras les estarán vetados.

No es de extrañar por todo ello que las propias compañías, a través de su patronal Farmaindustria, y el Ministerio de Sanidad hayan decidido actuar, convirtiéndose ambos, por razones distintas, en las principales barreras para frenar esta ruptura de la equidad que se avecina en el sistema. La primera ha iniciado a través de su director general Humberto Arnés una contraofensiva tendente a paralizar en los tribunales las normas dictadas por las autonomías. Podrían violentar la Ley de Cohesión y la Ley del Medicamento. El Ministerio de Leire Pajín ha anunciado, por boca de su secretario general, José Martínez Olmos, que no tolerará injerencias que pongan en riesgo la equidad y la igualdad.