La Junta con la tijera en ristre

SEVILLA-Las preguntas registradas por los líderes de la oposición en el Parlamento se quedaron desfasadas. Ayer ya no servían. El severo plan de ajuste propuesto el miércoles por Zapatero en el Congreso ha eclipsado cualquier otro fleco de la actualidad. Fue –era lo lógico– el plato único que tanto el presidente del PP-A, Javier Arenas, como el secretario general de IULV-CA, Diego Valderas, presentaron al jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, quien tuvo que soportar las críticas más duras que se han escuchado en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas en lo que va de legislatura. Valderas tiró a bocajarro. Habló de «reforma infame para los trabajadores», «extorsión de los sistemas financieros». «Habéis clavado la rodilla en tierra», remachó. A Griñán le paró el miércoles el toro la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que fue la primera en avalar un plan extremadamente impopular, que ha caído como una bomba entre los millones de afectados. Más de dos sólo en Andalucía, según las cuentas del PP. Aún así, el presidente tuvo que capear con una avalancha de críticas y mantener a duras penas un discurso social quebrado, pese a haber sido la bandera argumental del Partido Socialista.El presidente de la Junta dejó claro que el recorte medio salarial del cinco por ciento afectará a las «remuneraciones del sector público, de todo el sector público», subrayó. Lo que se truduce en que los 559.700 empleados que en la comunidad cobran una nómina de alguna de las administaciones (central, autonómica o local) verán mermados sus ingresos. Para los 109 diputados y los altos cargos del Gobierno andaluz y de las empresas públicas el descenso alcanzará el 15 por ciento, según lo anunciado a nivel estatal. Así lo han solicitado a la Cámara tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Popular. Este último incluye además al personal de confianza que supere los 3.000 euros al mes y a altos cargos de los órganos de extracción parlamentaria, como pueden ser el Consejo Audiovisual de Andalucía o la Oficina del Defensor del Pueblo. La portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, justificó la iniciativa, contenida en una Proposición No de Ley registrada ayer por su grupo, en la necesidad de acometer medidas «ejemplarizantes».En estos momentos la tijera acecha a todas las partidas de la Administración. Griñán, siguiendo la estela marcada por Zapatero, avanzó un recorte del gasto farmacéutico, la reprogramación de la inversión pública, el ajuste del sector empresarial «y cuantas medidas sean precisas», pero «sin afectar al gasto social». A esta coletilla, las bancadas popular e izquierdista respondieron con una sonrisa conjunta y no ensayada.A los ayuntamientos también leslanzó un aviso: «Todos tendremos que hacer un ajuste, todos», pero recordó que no todas las corporaciones locales han hecho los deberes. Las medidas, en cualquier caso, las someterá el Ejecutivo a un debate en la Cámara antes de plantearlas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades.El presidente andaluz considera las medidas del Gobierno central «responsables, razonables e imprescindibles». Su teoría es que se han puesto sobre la mesa en el momento idóneo, una vez abierta la «senda de la estabilidad», que se acabará de afianzar con la contención de la deuda. «Si se hubieran tomado antes, hubieran sido derrotadas por los especuladores». Griñán también formuló el juego de contrarios: especuladores y política. Porque de la espoleta de este último vaivén han tirado, en su opinión, los mercados. «Se ha jugado al casino a la baja». Para defenderse de las críticas del PP, Griñán levantó dos pantallas. La primera, al recordar declaraciones como las del presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijoo, que el 23 de abril aseguró que era el momento de pedir solidaridad a los funcionarios. La segunda, en relación a la eliminación de la retroactividad en las prestaciones de la Ley de Dependencia, pidiendo que la financiación se condicione a los beneficiarios reales. Según los datos que esgrimió, las cinco comunidades más pobladas del PP, juntas, han hecho efectivas 5.000 solicitudes menos que Andalucía. «Los indicadores están cambiando y pronto veremos los resultados», dijo, para abrochar su última intervención.

IU comenzó a ensayar en la Cámara las movilizaciones que prometeJusto cuando acabó la intervención del coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas, y tomó la palabra Javier Arenas, los diputados izquierdistas esgrimieron unas pancartas desde sus escaños en las que mostraban su rechazo a los recortes planteados por Zapatero. Planteaban otros: meter la mano en el bolsillo de las grandes fortunas (en una de las fotos aparecía Amancio Ortega, el dueño de la cadena Inditex), a la Casa Real o que cese el gasto en la guerra de Afganistán. Algunas de estas medidas ya las había desarrollado en su turno de pregunta Diego Valderas, que animó a reestablecer el suprimido Impuesto de Patrimonio, conocido como «el de los ricos», recortar el dinero que va a la Iglesia (más de 6.000 millones, según argumentó) o las subvenciones a los latifundios. Valderas ha pedido rebeldía y huelga general. Lo de ayer debió ser un ensayo.