Primer día de jueces sin coches ni escoltas

MADRID-La inmensa mayoría de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional vivieron ayer una situación atípica. Por vez primera no les esperaban en las inmediaciones de sus domicilios ni los coches de seguridad ni los escoltas que han estado encargados de su protección durante, en algunos casos, no pocos años.

Como informó el martes este periódico, ayer se puso en marcha la medida del Ministerio de Interior de retirar esas medidas a todos los magistrados y fiscales, excepto a seis altos cargos, aunque el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, renunciara a ellas al considerar que su situación no difiere de la del resto de sus compañeros. A esta renuncia se sumó ayer el teniente fiscal de la Audiencia, Fernando Burgos.

Por ello, cada uno de los afectados se trasladó hasta la citada sede jurisdiccional por sus propios medios. Al menos tres magistrados optaron por utilizar la moto para el desplazamiento, medio de transporte que permite eludir con más facilidad los atascos; gran parte de ellos decidieron este primer día trasladarse en sus coches particulares, aunque tiene el inconveniente de que en la Audiencia no hay aparcamiento para los magistrados y sólo hay un parking público y zona de estacionamiento regulado.

Aquellos que tienen sus domicilios en las inmediaciones de la Audiencia decidieron acudir a sus juzgados o despachos a pie, mientras que otros se inclinaron por utilizar el transporte público, como autobús o metro.

Nueva evaluación
También llamaba la atención el hecho de que cuando salían de la Audiencia lo hacían sin escoltas detrás de ellos, en una imagen llamativa por lo novedosa que resulta. A partir de ahora, será lo habitual. Aún así, a Marlaska se le vio flanqueado por los escoltas que le protegen a la espera de que el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se pronuncie sobre su petición.
Sobre esta cuestión, el Ministerio del Interior va a estudiar si es posible, bajo criterios seguridad, acceder a esa petición del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fuentes del Ministerio del Interior explicaron que se va a proceder a una nueva evaluación de las circunstancias personales y de las necesidades de seguridad del juez antes de adoptar una decisión. En el caso de que los expertos policiales desaconsejen la retirada de la escolta al juez, el Ministerio comunicará esta circunstancia a Grande-Marlaska, quien será, en última instancia, el que decida si renuncia finalmente a su servicio de seguridad, informa Efe.