El director del Palau aviva la tesis de adjudicaciones irregulares de obras

BARCELONA - La comisión de investigación sobre el Palau de la Música inició ayer su andadura dando muestras de crispación entre CiU y PSC. Aunque las auditorías realizadas no dejan entrever ningún tipo de financiación irregular de la Fundación Trias Fargas – ahora llamada Catdem y vinculada a CDC-, el actual director del Consorcio del Palau, Jordi Llinares, reconoció que se han encontrado «documentos extraños» que podrían apuntar a una presunta financiación irregular de CDC a través de comisiones procedentes de obra pública.Mientras los socialistas intentaron extender a toda costa la sombra de duda sobre la federación, los nacionalistas buscaron sacar todos los trapos sucios relacionados con la construcción del hotel del Palau de la Música. O lo que es lo mismo, ambas formaciones intentaron escurrir el bulto de la responsabilidad y relacionar al contrincante con las irregularidades relacionadas con el Palau.La mayoría de los comparecientes, seis en total, coincidieron en alabar la capacidad de Millet para urdir una trama indetectable, ni por la justicia ni por las auditorías. La jornada se inició con la comparecencia del interventor general de la Generalitat, Josep Maria Portabella, que elevó las cifras del saqueo perpetrado por Millet en 200.000 millones más –provenientes del Consorci del Palau, de donde ya habrían desparecido 3,8 millones de fondos públicos–. De esta manera, Millet habría desviado un total de 33,6 millones de euros del Palau.El interventor de la Generalitat defendió la actuación del Govern en el control de las cuentas del Palau, pese a no haber detectado ninguna irregularidad hasta que en 2009 la Agencia Tributaria señaló indicios de desfalco. Es más, también defendió el papel del Govern en la operación de construcción del Hotel del Palau.La operación urbanística para construir un hotel frente a las instalaciones del Palau fue defendida también por la directora general de Patrimonio, Inmaculada Turu, que aseguró que el Govern y el Ayuntamiento la aprobaron al tratarse de una obra «necesaria» para mejorar el centro de Barcelona.

¿Convenio o protocolo? Es más, Turu aseguró que el acuerdo entre Millet y la administración catalana es un mero «protocolo de intenciones» que no tiene efectos legales, pese que el documento firmado por el conceller de Economía, Antoni Castells, y Millet especifica que es un «Convenio entre la Generalitat de Catalunya y la Fundación Orfeó Català». La directora general de Patrimonio se aventuró a asegurar además que la Generalitat será resarcida por las pérdidas generadas por la operación. El Govern prevé recibir este dinero del Palau, o de la empresa Olivia Hotels, propietaria actual de los terrenos. Turu defendió a capa y espada la legalidad de las gestiones de la Generalitat, pese a que la fiscalía ha citado a declarar a Castells y al regidor de urbanismo del Ayuntamiento, Ramón García Bragado, como testimonios por un posible trato de favor del Govern a Millet. Pese a defender la buena actuación del Govern en esta operación, Turu dejó caer que fue García Bragado quien propuso la maniobra urbanística con el Palau. El primer contacto se efectuó en 2005 y por aquel entonces Bragado ocupaba la secretaria general de la presidencia de la Generalitat. La entonces secretaria de cultura, Gemma Sendra también fue una de las proponientes.