Más imparcialidad en Europa

Madrid- En algunos países de Europa, los organismos reguladores cuentan con una mayor imparcialidad, por cuanto sus miembros no son designados por el Gobierno.

- Es el caso de Francia, que cuenta con cerca de cuarenta organismos reguladores o Autoridades Administrativas Independientes (AAI), una noción que nació en 1978 con la voluntad de proteger ciertas libertades o regular sectores económicos, garantizando una mayor transparencia e imparcialidad, al no estar jerárquicamente sometidos al poder ejecutivo. Es el caso de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), la Comisión de Regulación de la Energía (CRE), el Consejo Superior Audiovisual (CSA) o el Defensor del Menor, entre otros. No reciben órdenes ni instrucciones del Gobierno, aunque actúan en nombre del Estado y son controladas tanto por el Parlamento como por la jurisdicción administrativa y judicial. Su independencia se traduce en la composición colegial de sus órganos de gobierno, cuyos miembros son nombrados en parte por las autoridades políticas (presidente de la República, primer ministro, presidentes de las cámaras parlamentarias, ministros…), así como por las más altas autoridades jurisdiccionales.

Sin embargo, en la práctica, tanto su imparcialidad como sus mecanismos de control son objeto de debate, dada la heterogeneidad de estos organismos (poderes y estatus diferentes) y la proliferación experimentada en los últimos años. También por su propia y ambigua naturaleza, ya que, aun independientes, pertenecen a la Administración.

- En el caso de Reino Unido hay hasta diez reguladores económicos. Las personas que representan a cada regulador son designadas por el Gobierno. Por norma general, los cargos se revisan cada cinco años. Aunque no es necesario que pierdan su puesto cuando hay un cambio de Gobierno, cada Ejecutivo puede hacer las modificaciones que vea necesarias.

- En Italia, los órganos reguladores están controlados por el Ejecutivo y el Legislativo. En la Consob, que regula el mercado de valores, y la Isvap, que se encarga de los seguros, algunos de sus componentes son nombrado por el Gobierno tras consultar previamente con el Parlamento. En otros organismos, como el Antitrust, responsable de la competencia, la capacidad de elección recae en los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

*Información elaborada por Álvaro del Río, Celia Maza y Darío Menor