Portugal cierra el mayor escándalo sexual de su historia

MADRID-Los jueces del proceso Casa Pía, uno de los más largos y polémicos de la historia portuguesa, condenaron ayer a penas de 5 a 18 años a seis acusados de pederastia de un orfanato estatal y absolvieron a la única mujer encausada, informa Efe.

La lectura de la sentencia, que duró casi seis horas, puso fin a las investigaciones abiertas en 2002, a raíz de las denuncias de los medios de comunicación, sobre abusos sexuales cometidos durante dos décadas por hombres adinerados con niños acogidos en la institución civil Casa Pía de Lisboa, administrada por el Estado.

Embajadores y abogados
El chófer y antiguo alumno de la institución Carlos Silvino fue condenado a 18 años; el médico João Ferreira Diniz y el ex presentador de televisión Carlos Cruz a siete; el ex embajador Jorge Ritto y el abogado Hugo Marçal a seis; el ex administrador de la institución Manuel Abrantes a cinco; y Gertrudes Nunes, dueña de la casa donde se cometían los abusos fue absuelta.

Las acusaciones que pesaban contra los siete imputados eran, además de abusos sexuales, de lenocinio y uso indebido de caudales públicos y ninguno de ellos, a excepción de Silvino, los admitió ni se declaró arrepentido. Fue este antiguo alumno de la Casa Pía que trabajaba como chófer de la institución y organizaba encuentros sexuales con los niños, quien contó al Tribunal las principales revelaciones del caso. Silvino, que fue acogido de niño en el orfanato y pasó en él toda su vida, declaró haber sido también víctima de abusos cuando llegó a la Casa Pía. Ahora, con 53 años, ha recibido la condena más dura por más de 600 delitos de naturaleza sexual, incluida la colaboración para que otros los cometieran.

El caso que salpicó a un ex ministro
- El juicio de la Casa Pía ha sido el más mediático de la historia de Portugal y puso en tela de juicio la labor de una institución tradicional de la beneficencia estatal lusa como la Casa Pía, después de que los medios de comunicación sacaran a la luz los abusos en 2002, que motivaron una investigación policial ese mismo año y el inicio del juicio en 2004. El caso hizo tambalear las estructuras lusas, cuando entre los adinerados procesados se incluyó al ex ministro socialista Paulo Pedroso, que en 2003 paso cuatro meses en prisión preventiva pero salió libre de cargos El proceso dio lugar a otro escándalo cuando la divulgación de las escuchas telefónicas que hacía la Policía en sus investigaciones reveló que, por cuestiones ajenas al caso, también estaban pinchados los teléfonos de personalidades como el entonces jefe de Estado, Jorge Sampaio, o el ex presidente del Parlamento Joao Mota Amaral.