Abogados de los imputados tildan de disparate la comisión parlamentaria

SEVILLa- Los abogados de varios de los imputados en la causa penal de la trama de los ERE falsos mostraron ayer sus quejas por el desarrollo de la comisión parlamentaria de investigación, ya que entienden que se trata de un «disparate». A su juicio, señalan que «desprecia» el proceso judicial a la par que se «atropellan los derechos fundamentales de los imputados».

Para los letrados, se están vulnerando los derechos de los comparecientes a la intimidad, al honor y a guardar silencio, por lo que criticaron «el rosario de insultos y moralina» del que son objeto al tiempo que lamentaron la falta de voluntad de los políticos para reconocer la responsabilidad que tuvo el Parlamento en el sistema de ayudas. Las comisiones parlamentarias «deberían estar prohibidas por ley hasta que los tribunales de Justicia se pronuncien porque pueden afectar a derechos fundamentales de las personas», afirmó Javier Gimeno Puche, defensor de la dueña de la empresa Acyco, quien añadió que «cada uno tiene su función dentro del poder en el que está y los políticos no pueden meterse a jueces, igual que los jueces no se pueden meter a hacer política». El letrado Miguel Villegas, defensor de un abogado del bufete Villasís, critica el «disparate parlamentario teniendo en cuenta la existencia de la instrucción judicial, hacia la que todos y cada uno de los parlamentarios han mostrado un desprecio irresponsable» en unas intervenciones que sólo han revelado «su vanidosa personalidad». «Ha sido muy duro, decepcionante y preocupante comprobar el nulo respeto hacia la instrucción judicial, el trabajo de las defensas, y sobre todo hacia los derechos fundamentales de los imputados», añadió Villegas.

En el mismo sentido se pronunció Manuel Pérez Cuajares, abogado del ex director de Trabajo Juan Márquez, quien dijo que «no se puede admitir bajo ningún concepto que se reproche a un compareciente que se acoja a su derecho a no declarar, cuando es el primer derecho que le ofrece la propia comisión», pues de esta manera «se está penalizando el uso de un derecho y, lo que es peor, por quien lo está ofreciendo». Para Fernando de Pablo, abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, los parlamentarios se están centrando «en los aspectos más morbosos de la investigación judicial» con preguntas «de interés mediático y de espectáculo».