El PP critica la ausencia de una norma regional de ayudas de la UE

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, lamentó ayer que «la mayoría de las comunidades autónomas tienen regulada la concesión de ayudas por parte de la Unión Europea, menos Andalucía», toda vez que el responsable del Fondo Social Europeo (FSE), Laszlo Andor, anunciara el pasado domingo en LA RAZÓN una revisión de la normativa comunitaria para evitar nuevas irregularidades.

Sanz aseguró que comunidades como Murcia, Madrid o Valencia ya cuentan con una arquitectura legal que «blinda» la concesión de este tipo de ayudas. «Garantizan la libre concurrencia y la publicación en los boletines oficiales, entre otros requerimientos», señaló, por lo que denunció que en Andalucía «nos hemos llevado diez años con un ‘fondo de reptiles' que se gastaba de manera fraudulenta». También recordó que a nivel estatal existe una orden del año 1994 que vela por la transparencia de las subvenciones comunitarias.

El escándalo de las ayudas millonarias a empresas que cerraban una vez conseguidos los incentivos ya tiene eco en Bruselas. Tanto que Andor propondrá en la regulación del FSE para las próximas perspectivas financieras, cuya discusión empezará tras el verano, crear nuevos medios que permitan actuar si los fondos comunitarios no se gastan «apropiadamente». «La situación no puede seguir así», sentenció.

De todas formas, el responsable del FSE reconoció que «muy a menudo se ven casos en los que no se han gestionado bien las ayudas, con regiones también en el punto de mira de Bruselas como Baleares».

Se da la circunstancia de que la Guardia Civil avisó a la agencia europea contra el fraude (OLAF) sobre casos de irregularidades que ascienden a 27 millones de euros en ayudas. La OLAF comunicó en noviembre a la Comisión Europea la apertura de la investigación. En febrero, la Comisión volvió a solicitar información a las autoridades españolas, de las que todavía espera respuesta.

Se trata de empresas que contrataban a trabajadores para beneficiarse de las ayudas al empleo, con cargo al 80 por ciento del FSE y al 20 de la Junta de Andalucía. Poco después, los empleados eran despedidos, en ocasiones en sólo 15 días, sin que los inspectores de trabajo hubieran destapado las irregularidades. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, justificó que las empresas desaparecían debido a la crisis, por lo que se incumplía el requisito de permanecer en activo cuatro años.