El Gobierno de Islas Baleares redobló ayer su apuesta por seguir cobrando por adelantado las intervenciones a aquellas mujeres que decidan abortar en la Sanidad pública, escudándose en la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva. El director general de Salud del Ejecutivo balear explicó que «el compromiso de asumir directamente el abono de la intervención no implica en modo alguno que el servicio público deba anticipar el pago de la factura de manera directa», sino que la puede asumir con posterioridad.

Así, las mujeres de esta comunidad que quieran interrumpir su embarazo y sean derivadas a alguna de las tres clínicas privadas acreditadas en esta región deberán seguir abonando el coste por adelantado, para después presentar la factura a los servicios autonómicos y recuperar su importe, informa Ep.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad afirma que son las comunidades autónomas las que deciden la forma de gestionar la prestación, por lo que entrar en el modelo de gestión está fuera de sus competencias. Mientras, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública criticó con dureza la medida del Gobierno balear, circunstancia que comparten el grupo político PSM-IV-Exm y Més per Menorca en el Parlamento Balear, que han recurrido al Defensor del Pueblo por los cambios sobre el aborto.