Cajas y otras politizaciones

Hace un par de años, cuando ya era más que indecente negar que hubiera crisis, un político me comentaba que estaba deseando que quebrase alguna caja de ahorros. No es que desease el mal ajeno, todo lo contrario: más bien deseaba que con la quiebra de una caja de ahorros quedase bien claro a dónde conduce un sistema de gobierno insostenible para una entidad financiera. Poco después, el 29 de marzo de 2009, Caja Castilla-La Mancha era intervenida por el Banco de España y en los años siguientes –hasta hoy– hemos visto los avatares judiciales de su expresidente, que antes fue diputado y concejal.

No es fácil definir ese producto tan genuinamente español como son las cajas de ahorros. Son entidades asimiladas a las fundaciones privadas de interés público que actúan como verdaderas entidades de crédito sujetas al control del Banco de España y se equiparan al resto de las que integran el sistema financiero. Lo relevante es que revierten parte de sus beneficios a la sociedad a través de su obra social. Se caracterizan por el fomento del ahorro, por atender preferentemente a las economías domésticas y a las pymes y por concentrar su negocio en un ámbito geográfico concreto por su naturaleza benéfico-social.

La crisis y Europa (Basilea III) imponen una reforma de las cajas de ahorros. No entro en las exigencias de recapitalización y concentración, depuración de sus activos o de que algunas se queden por el camino o temporalmente nacionalizadas. Me quedo con algo de lo que parece ser una patología hispana: su politización. Y es que la lógica financiera impone reformas a la vista de los riesgos asumidos, sin embargo lo que la lógica también exige –la despolitización– parece que topa con la oposición de los intereses políticos de todos los partidos, como lo ha demostrado hace poco el Congreso de los Diputados al rechazar casi por unanimidad una moción para despolitizarlas. Al margen de las competencias que tienen las autonomías en su regulación, la realidad es que se confunden con la estructura del poder autonómico y local.

Fue paradigmático lo que vivimos hace un año a propósito de la sucesión en Caja Madrid.
Ya he dicho en más de una ocasión que no hay crisis que por bien no venga y la fuerza de los hechos muestra las consecuencias de la indeseable politización de las instituciones, públicas, privadas o entreveradas. Esta reconversión de urgencia de las cajas de ahorros debería llevar a reconsiderar hasta dónde es tolerable, más que la presencia, la acción y la influencia de grupos políticos o sindicales. Esto nos plantea a un tema más profundo porque dentro de la lista de aspectos que deberían reformarse en nuestro régimen constitucional, está la reconducción de los partidos a su papel representativo, a no ser centros de control de todos los recovecos de la sociedad. Otro tanto cabría decir de los sindicatos. Que ahora se empiece a cuestionar el sistema de negociación colectiva muestra hasta qué punto se han erigido en un fin en sí mismo y modo de vida para sus cuadros.

La mala gestión empresarial de las cajas de ahorros puede llevarlas a la quiebra, a lo que no es ajeno que formen parte del mapa de cargos objeto de reparto entre la clase política. Hace poco una persona criticaba un reciente nombramiento para un alto cargo institucional: dudaba de que el elegido fuese el más idóneo y concluía que si su partido patrocinador quiere pagarle favores o propiciarle un buen retiro, Dios, en su inmensa sabiduría, había inventado el Consejo de Estado o las cajas de ahorros. Ironías aparte, la experiencia muestra que ya las cajas no son un retiro y que precisan cualificación para su gobierno.

Hablo de mala gestión, de quiebras, de politización de las cajas, pero de esa politización participan el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y la larga lista de de órganos, organismos, entes reguladores, etc. estatales y autonómicos. También quiebran y muchos hace ya tiempo que presentan un balance negativo en el aprecio de los ciudadanos, que arrastran un pasivo de tal magnitud que deja en nada el activo de su pasado o la importancia objetiva de su función. Ya están en quiebra, sin FROB que las asista y lo que es peor, aquí si que no se atisba propósito cierto y creíble de reconversión.

Joaquín Costa decía que España es un país encarecido por los intereses de los más variados gremios, corporaciones, colegios, grupos de presión que mantenían privilegios, monopolios, mercados cautivos a costa de los ciudadanos. Muchos de los ejemplos que citaba siguen vivos. Más de un siglo después se han añadido la partitocracia, la sindicatocracia y un sistema autonómico que ha degenerado en un modo de vida para no pocos políticos regionales. La politización de las cajas entra por los ojos: causa daños contables, contantes y sonantes y Europa exige rectificar. Pero esa politización es la misma que lleva años dañando a unos órganos públicos que precisan urgentemente recapitalizarse a base de captar confianza, credibilidad y prestigio: ¿para cuándo su reconversión?