La cobranza municipal por Pedro Damián De Diego

Dice el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que a los alcaldes de pueblo no sólo les cuesta dinero el cargo sino también incomprensión e infelicidad doméstica.

Y tiene toda la razón: ahí es precisamente donde mejor se ve el concepto de vocación de servicio público de los cargos electos, de aquellos que están en política para servir a la gente y no para servirse de ella.

La Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias celebró hace poco una sonada reunión en Burgos que agudizó la perspicacia de muchos y propició dimes y diretes por doquier, al proponer una posible fórmula para armonizar las retribuciones de los cargos municipales de las principales ciudades. En 24 horas no se habló de otra cosa en muchos corrillos que de la cosa pública. Y es que, como dice el presidente de este organismo, Miguel Ángel García Nieto, «hay mucho tabú y mucho morbo» con este asunto.

Por eso, es una buena noticia que el Gobierno haya decidido incorporar esta cuestión a la, tan anhelada por unos y tan temida por otros, Ley de Transparencia que avanzó el viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Esa norma hará posible, por primera vez en España, que se establezca un baremo público, aprobado por las Cortes Generales en los Presupuestos Generales del Estado, que marque criterios lógicos y coherentes para la cobranza de los cargos municipales.

La armonización en este aspecto será una excelente medicina para mantener la salud democrática.