Empleo otorga a Rivas la «potestad» máxima en los ERE de Mercasevilla

Las dimensiones que ha adquirido el escándalo sobre las anomalías detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Mercasevilla están impulsando a la Junta de Andalucía a señalar claramente las responsabilidades en su puesta en marcha. El consejero de Empleo, Manuel Recio, dibujó ayer una línea de competencias autonómicas que no sólo alcanza al ex director general de Trabajo cesado en 2008, Francisco Javier Guerrero, sino también al dimisionario delegado provincial Antonio Rivas, a quien otorga la máxima «potestad» en la autorización de ambos procesos laborales.

En declaraciones a los periodistas, Recio insistió en diferenciar los ERE de 2003 y 2007 porque en el primero existe un compromiso financiero de la Junta, mientras en el segundo no se ha repetido esa «incentivación» económica.

El consejero defendió que su departamento «no ha desembolsado ni un céntimo siquiera» para la segunda tanda de prejubilaciones, argumentando que la autorización de esa nueva colaboración financiera fue «iniciada» con la rúbrica del ex director general de Trabajo defenestrado, pero «no pasó un procedimiento administrativo interno en la Consejería» que, normativamente, deben superar los ERE autorizados.

Marcadas las diferencias entre 2003 y 2007, Recio se preocupó por remarcar que ambas regulaciones laborales fueron legalmente tramitadas con la intervención de Mercasevilla, el comité de empresa, una compañía de seguros –del Banco Vitalicio– y, en el lado de la Junta, del antiguo director general de Trabajo y el entonces delegado provincial de Empleo.

Aunque admitió que «dependiendo de la cifra de trabajadores y de las cantidades a financiar», la autorización final de un ERE llega a depender del consejero de Empleo o del propio
Consejo de Gobierno andaluz, Recio se esforzó especialmente por frenar la cadena de responsabilidades en Antonio Rivas: «En este caso fue un ERE provincial y era el delegado provincial de Empleo quien tenía la potestad». «Y no es una irregularidad, es legal», apostilló.

El hecho de que la Consejería de Empleo adjudique a su ex delegado en Sevilla toda esta responsabilidad resulta significativo, más cuando Manuel Recio confirmó que es en la propia tramitación autonómica del ERE de 2003 donde aparece la «única» irregularidad detectada por ahora en inspección interna aún en curso.

Se trata de la inclusión de María del Carmen Fontela entre los beneficiarios de las prejubilaciones como perceptora de más de 154.000 euros, pese a que nunca trabajó en el mercado central. Recio explicó que este nombre «aparece en el ERE aprobado», o sea, en el protocolo de colaboración suscrito en diciembre de 2003 por Guerrero y el ex gerente de la empresa Fernando Mellet.

Desmentidos
Según especificaron desde la Consejería, Fontela está en la documentación que acompaña la tramitación de la póliza aseguradora de los pagos a los empleados. «Luego, esta señora no tiene una prima de seguro», añadió Recio.

Así, el consejero deja en evidencia al secretario provincial del PSOE, José Antonio Viera, quien la pasada semana defendió que el ERE de 2003 y la póliza suscrita por Mercasevilla con la aseguradora Vitalia son «legales», «perfectos y correctos en todos sus términos administrativos». Ayer mismo, insistía en los pasillos del Parlamento andaluz en la normalidad de la actuación de la Junta en un expediente tramitado en su etapa al frente de Empleo.
 
Zoido sitúa a líderes del PSOE en el centro del caso
sevilla- Ayer por la mañana, el consejero de Empleo se enfrentó a las preguntas del Partido Popular e Izquierda Unida, que volvieron a reclamar, sin éxito, en el Parlamento autonómico una investigación política sobre el «caso Mercasevilla». Asegurando que la Junta de Andalucía es «la primera interesada» en esclarecer las irregularidades en los ERE, advirtió de que pondrá «todo el empeño» en que «sólo y exclusivamente» la Justicia intervenga y esclarezca lo ocurrido. El alcaldable y parlamentario del PP, Juan Ignacio Zodio, se preguntó cómo el consejero puede decir que quiere saber qué pasa en el mercado central cuando bloquea la comisión de investigación en la Cámara autonómica, y alertó de que «en el centro» de este escándalo «están destacados miembros del PSOE que han actuado desde el Ayuntamiento y la Junta». Recio subrayó que «no voy a consentir que nadie ponga en duda el compromiso de honestidad y honradez que desde hace 30 años mantenemos con los andaluces». El diputado de IU Pedro Vaquero preguntó «quién ha manipulado las pólizas, quién se ha lucrado y para qué fin ha servido», y consideró que «no basta» con recurrir a la Justicia porque «también los políticos tienen que dar cuenta» de lo que hacen.