ETA exige cuatro millones anuales para no seguir con el «impuesto Revolucionario»

 La teoría más extendida entre los expertos que creen en las «buenas intenciones» de la banda al anunciar el alto el fuego (que cada vez son menos) es que está «tirando de los ahorros».

Otros, menos crédulos (su número crece día a día), piensan que el anuncio de abril no incluía a los empresarios deudores, a los que tenían cuotas pendientes de pagar de años anteriores. Para cobrar a estos industriales se habría utilizado, en más de una ocasión, el conocido sistema mafioso del «secuestro express», que consiste en retener a la víctima algunas horas, hasta que sus familiares o él mismo, garantizan el pago de las «deudas».

Hay un dato sobre el que llaman la atención estos expertos, contenido en el documento que sirve de guión al «proceso» que está en marcha, que ha permitido, de momento, la legalización de Bildu, con la consiguiente recuperación por parte de ETA de su «Frente Institucional», prácticamente inactivo desde la ilegalización de Batasuna, en marzo de 2003, ratificada por el Tribunal Europeo de Estrasburgo en junio de 2009.

En ese documento estaba la alianza con Eusko Alkartasuna para la formación de la citada coalición, lo que acredita su virtualidad. De hecho, fue tomado en consideración por el Supremo para ilegalizar Bildu, antes del que el Constitucional adoptara una decisión en sentido contrario.
En el documento, ETA decía textualmente que necesitaría «apoyo económico para llevar su alto el fuego al ámbito del impuesto. Se analizarán en principio las ofertas que pueden venir del ámbito internacional en una situación así. Como consecuencia de cerrar el frente del impuesto, ETA exigirá ayuda de apoyo al alto el fuego de 4 millones de euros anuales». Es decir, que la banda pedía la entrega de esa cantidad, el doble de su presupuesto anual (cifrado en unos dos millones, según documentos intervenidos a la banda en Francia) para cesar en el chantaje a los empresarios. Y, además, pedía que el dinero le llegara a través de instancias internacionales, aunque habría pocas dudas de las arcas, según los planes de los terroristas, de lo que debían salir esos cuatro millones. Tampoco detallaba durante cuántos años habría que financiar a los pistoleros, o si se trataba de algo permanente o para unos cuantos años.

Exigencias
Los expertos consultados por LA RAZÓN subrayan que se trata de un plan de ETA y que no tienen noticias de que ese dinero, o parte del mismo, haya llegado a la banda. Sin embargo, agregan, no es algo que se pueda echar en saco roto. Si los teóricos etarras lo han puesto negro sobre blanco será por algo. Además, está en un documento en el que hay cuestiones que ya se han cumplido; y otras, en especial las relativas a los presos, que el entramado de la banda reclama un día sí, y el otro también, como la derogación de la «doctrina Parot», el acercamiento de los reclusos al País Vasco y que todos los internos estén en libertad en un plazo máximo de cinco años. Siempre que, en el plano teórico, se ha planteado el fin de ETA, uno de los asuntos más peliagudos ha sido el de la «recolocación» de los pistoleros, unos individuos no habituados al trabajo de todos los días a cambio de sueldos mileuristas que se sienten señalados por el pueblo vasco como sus salvadores y que, por lo tanto, deben tener su compensación económica. Los cuatro millones de euros que exigen tienen su explicación desde esta óptica.