Valencia

Las autonomías del PSOE se enfrentan a Pajín por sus decretos de farmacia

El Ministerio de Sanidad no gana para disgustos en su relación con las comunidades desde la llegada de Leire Pajín.

Las autonomías lamentan la ausencia de una evaluación fiable del impacto económico de las normas que trata de aprobar Sanidad
Las autonomías lamentan la ausencia de una evaluación fiable del impacto económico de las normas que trata de aprobar Sanidadlarazon

Madrid - Ayer, se quedó solo en una sorprendente reunión en Madrid de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial, preparatoria del Pleno que celebrará el órgano de coordinación sanitaria el jueves, día 9. Según manifestaron a LA RAZÓN fuentes presentes en la cita, las cuatro normas farmacéuticas presentadas por el Ministerio suscitaron el rechazo de la mayoría de los feudos, incluidos los del PSOE, que pusieron reparos por los defectos técnicos detectados, los fallos en su tramitación o la ausencia de impactos fiables. Las normas se refieren, en concreto, a la unidosis de fármacos, a la «prescripción enfermera», a las deducciones de las farmacias, y a la financiación de productos. El malestar autonómico fue tal, que el secretario general José Martínez Olmos pidió a las comunidades un plazo de 24 horas, con el fin de decidir si los proyectos se llevan o no al Pleno. Según las mismas fuentes, Andalucía fue una de las autonomías más enérgicas en el rechazo. Su representante se quejó del decreto de deducciones para las farmacias por carecer de una evaluación del impacto económico y por «vicios de legalidad». Este proyecto no es tampoco del gusto de Cataluña, Valencia, Madrid o Murcia. También se quejó Andalucía, y mucho, del decreto de prescripción enfermera. De él, dijo que compartía la filosofía, pero lamentó sus «errores de bulto» y la ausencia de un acuerdo en la Comisión de Farmacia del Interterritorial. También objetaron a esta norma Cataluña, Cantabria y Canarias, entre otros territorios. La norma de la unidosis también generó polémica. Madrid, por ejemplo, puso en duda el ahorro de 300 millones que promete el Ministerio de Sanidad, ya que, a su juicio, la norma apenas reportará 26 millones al año. Galicia, por su parte, lo cifró en tres millones, mientras que el País Vasco, Andalucía y Canarias criticaron su improvisación.