Más recetas sin sustancia

Aunque el presidente del Gobierno subrayó la trascendencia del Consejo Europeo que aprobó el Pacto del euro, y en el que los gobiernos anunciaron nuevas medidas contra la crisis, los resultados concretos no permiten ser tan optimistas. En primer lugar, porque los Veintisiete fueron incapaces de sacar adelante piezas esenciales del plan, como el refuerzo del actual mecanismo de rescate y la flexibilidad en su utilización después de que acordaran la creación de un fondo de socorro permanente que entrará en funcionamiento en 2013. Y después, ya en clave doméstica, porque las iniciativas anunciadas por Zapatero son insuficientes para abordar con garantías las carencias estructurales de la economía española. Es positivo, en cambio, que el Gobierno haya logrado que los socios europeos interiorizaran que España no es Portugal, porque carece de nuestra resistencia y capacidad. O que se haya valorado el esfuerzo de España, con notables sacrificios de la sociedad, para alcanzar los compromisos de ajuste fiscal. Ello favorece nuestra credibilidad como país. Todo eso es cierto, pero también lo es que las nuevas propuestas de Zapatero son conocidas y poco prometedoras. El presidente hizo hincapié en las medidas para cumplir con el compromiso del Pacto del euro de mejorar el nivel del empleo.

Entre ellas, el plan contra el trabajo sumergido, la sempiterna apuesta por la formación y la reforma de la negociación colectiva. Precisamente, este Gobierno ha fracasado en su lucha contra el paro por una política laboral parcheada de iniciativas que, siendo positivas en sí mismas, carecían de eficacia por no estar enmarcadas en un plan económico global; el resto de las iniciativas han sido o electorales o cosméticas. La lucha contra la economía sumergida es necesaria, pero no aliviará el drama laboral del país, por más que el Gobierno trate de convencernos de lo contrario. Por otra parte, el presidente se comprometió a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para limitar el gasto estatal y regional vinculándolo al PIB nominal. Será de obligado cumplimiento para el Estado, pero no para las autonomías, con las que el Gobierno intentará consensuar el freno a la desmesura con la ayuda del PP. Estamos ante otra respuesta a Merkel y a los mercados, que habían cuestionado el creciente descontrol de las comunidades.

Es, además, la enésima rectificación de Zapatero, pues él derogó la ley que estuvo vigente con los gobiernos de Aznar y que imponía un techo de gasto y un límite de endeudamiento, y que nos habría evitado hoy un panorama tan sombrío. El control y la exigencia son imprescindibles para una gestión eficaz y solvente. Que el Gobierno no se dote de la capacidad para imponer esas condiciones a las comunidades es un error a la vista del incumplimiento mayoritario del compromiso de estabilidad. España no saldrá adelante sin una política económica compacta que actúe sobre el empleo, la productividad y la competitividad, que agilice el crédito y que se defina por la austeridad en el gasto y en el control del déficit. Sólo así se recuperará la confianza, imprescindible para que la economía funcione.