Pedraz tardó 13 horas en ordenar un registro pese a estar de guardia

MADRID- Las horas posteriores a la detención de cuatro individuos del entorno de ETA cuando intentaban quemar un repetidor de telefonía en Bilbao, tuvieron en el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, un inesperado protagonista. ¿El motivo? La demora en conceder la preceptiva autorización para que los agentes de la Guardia Civil procedieran al registro del domicilio de los cuatro individuos que pertenecen al entramado de ETA y la auto desaparecida SEGI. En concreto, la orden de registro por parte de Pedraz llegó a las 13:15 horas del día después a la detención –13 horas después–, pese a que el juez se encontraba de guardia y que fue advertido de la operación antiterrorista a las 00:05 horas del domingo por el Instituto Armado. Los agentes, inmediatamente después de efectuar los arrestos, pidieron oficialmente la autorización de entrada y registro de los domicilios de los cuatro detenidos, pero les fue imposible contactar con el juez en ese tiempo. Una tardanza que impidió, según fuentes antiterroristas consultadas por este diario, que los agentes se incautaran de «importante documentación y ordenadores de la organización terrorista», ya que tan sólo pudieron requisar algunos «cargadores que denotaban la presencia de ordenadores» anteriormente.

24 horas después
Una vez recibido el mandato judicial pertinente, los agentes de la Guardia Civil continuaron con los registros pasadas 24 horas de la detención. Así se desprende de varias comunicaciones de la Comandancia de Vizcaya a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, en las que se registra la hora de la detención de los individuos Liher Bilbao, Iker Hernández, Ibón Santamaría y Eneko Eguren bajo la nomenclatura «300005SEP12» que corresponde a las 00:05 horas del 30 de septiembre. Pero también, en otra de las comunicaciones se detalla la hora y finalización de uno de los cuatro registros domiciliarios que se produjo entre las 00:40 y las 01:45 horas del 1 de octubre, como consecuencia de las detenciones realizadas por un presunto delito de estragos. Incluso, los registros se prolongarían hasta casi las 03:00 horas del lunes, por la imposibilidad de realizar los registros de forma simultánea, debido a que sólo había disponible una secretaria del juzgado de Instrucción número 1, encargada de levantar las correspondientes actas en cada uno de los juzgados.

Asimismo, el magistrado de la Audiencia Nacional, en contra de lo que es habitual y pese a tratarse según todos los indicios de un acto de terrorismo callejero, no decretó la incomunicación de los detenidos, por lo que éstos pudieron establecer contacto con sus familiares, así como designar al abogado Kepa Mancisidor, es decir, el letrado que defiende habitualmente a los procesados por terrorismo callejero.

El propio Santiago Pedraz fue quien tomó declaración a los cuatro jóvenes detenidos pertenecientes al entramado de ETA y a quienes puso en libertad 48 horas después de su detención , a petición del Ministerio Fiscal, bajo una fianza de 2.000 euros, imputándoles la comisión de delitos relacionados con la «kale borroka». El juez precisaba en el auto hecho público el pasado martes que la investigación se encuentra en una fase inicial «con diligencias pendientes de practicar y otras en marcha», y justificaba las medidas cautelares –que incluyen comparecencias semanales en el juzgado más cercano a su domicilio y prohibición de abandonar territorio estatal– en la necesidad de asegurar «su presencia en la instrucción».
El intento de sabotaje al repetidor de telefonía se produjo alrededor de las 00:00 horas del domingo, cuando en el puesto de vigilancia de la Guardia Civil en el barrio de La Peña (Bilbao), los agentes observaron la llegada de un vehículo con cuatro individuos, tres de ellos encapuchados, que portaban además un bidón de gasolina. Éstos trataron, sin éxito, de saltar la valla que protegía el repetidor de telefonía, y optaron por quemar varios contenedores. Acto seguido, los agentes del Instituto Armado procedieron a la detención de estas cuatro personas y solicitaron de forma inmediata la orden para registrar sus domicilios.