«Factura en sombra» y menos interinos

MADRID- La Comunidad extenderá la «factura en sombra», que funciona en la Sanidad pública desde septiembre, a la Justicia. Ésta es una de las 80 medidas recogidas en el Informe sobre el Estado de la Justicia que ayer se presentó en el Consejo de Gobierno y que tiene por objetivo rebajar la litigiosidad madrileña –una de las más altas de toda España– y reducir los 350 millones de euros que se gastaron el pasado año en esta competencia que, desde que se transfirió a la Comunidad en 2003, ha incrementado su presupuesto un 82 por ciento.

La implantación de la factura judicial informativa servirá para que las personas que usan este servicio conozcan el coste del mismo, aunque no lo paguen, y según pudo saber este periódico, podría servir también de baremo para las futuras tasas judiciales.

Pero ésta no será la única novedad en esta materia; según informó ayer el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, la Comunidad apoyará las medidas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como la implantación de tasas judiciales, los juicios rápidos civiles, la despenalización de las faltas, las resoluciones extrajudiciales –como el arbitraje, la mediación o la intervención notarial– y otras medidas dirigidas a reducir la carga de trabajo en los juzgados que, con una tasa de 216 asuntos ingresados por cada 100.000 habitantes en 2011, son los segundos de toda España con mayor litigiosidad.

Además, el informe, que ha sido consensuado con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía, Juez Decano, la Audiencia Provincial y los secretarios judiciales, promoverá la reforma de la Justicia Gratuita –en la que se gasta uno de cada siete euros del presupuesto de la Consejería de Justicia– y en la que se introducirán mecanismos electrónicos con los que, tal y como ya avanzó LA RAZÓN en marzo, quieren evitar el fraude o el abuso por parte de personas a las que no les corresponde este servicio reservado a los que más lo necesitan.

Control de funcionarios
Además, el Gobierno regional realizará un estudio sobre la planta judicial madrileña para estudiar la carga de trabajo, la redistribución del personal y en el que cabría la opción de reducir el número de interinos «en los casos en los que sea posible», dado que la media actual es del 22 por ciento del total de los empleados públicos de Justicia, todo con el objetivo de hacer «más efectivo» al personal, aseguró ayer González.

Además, mientras en el número de magistrados, fiscales o secretarios judiciales, la región siempre se encuentra por debajo de la media nacional, en el ámbito de los funcionarios es la comunidad con una de las ratios más altas de Europa y la mejor de España, con casi 10 funcionarios por juez. Además de este estudio, la Consejería de Justicia está implantando el control del tiempo de trabajo y prevé concentrar los permisos por vacaciones en los periodos inhábiles.