El macrojuicio del caso Malaya termina mañana

Esta previsto que los acusados puedan ejercer mañana el derecho de su última palabra antes de que el presidente del Tribunal, José Godino, diga "visto para sentencia"en un juicio que arrancó el 27 de septiembre de 2010, y que ha necesitado 199 sesiones y en las que han declarado unos cuatrocientos testigos y peritos.

Aunque el juicio comenzó con 95 procesados sentados en el banquillo de un total de 98, ya que tres se encuentran en busca y captura: el empresario José Manuel Carlos Llorca y los exediles del Ayuntamiento de Marbella Francisco Javier Lendínez y Carlos Fernández, actualmente hay 86 (tras la retirada de acusación para nueve procesados y el acuerdo con tres)

Fuentes judiciales han explicado a Efe que el primer procesado en tomar la palabra será el empresario cartagenero Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción, aunque debido a que algunos acusados están enfermos si lo solicitaran serían los primeros para poder ausentarse antes.

El orden de intervención será el del escrito del fiscal y está previsto menos de cinco minutos para cada uno de ellos, y se les advertirá de que no pueden volver a hacer una nueva declaración ni argumentaciones jurídicas.

Tres exalcaldes, concejales, empresarios -vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol- y abogados han sido los protagonistas, y también ha habido numerosas alusiones al fallecido Jesús Gil, que fue alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, unos años antes de que arrancara la investigación judicial de la trama de corrupción, que comenzó a finales de 2005 y se destapó en marzo de 2006 con la primera fase de detenciones.

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 30 años de prisión y una multa de 810 millones de euros para Juan Antonio Roca, para la exalcadesa, Marisol Yagüe, la petición fiscal es de dieciséis años de prisión, mientras que para el exalcalde Julián Muñoz es de diez años y para la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, de doce años.

Aunque todas las defensas han sido muy críticas con la instrucción del procedimiento y han pedido numerosas nulidades todos han coincidido en alabar el trabajo realizado por el tribunal -José Godino, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald- y los funcionarios adscritos al mismo en un juicio que muchos apostaban de que nunca se celebraría por su complejidad.

El proceso judicial se ha seguido en toda España no sólo por la relevancia social y económica de algunos de los acusados, sino también por la trascendencia mediática de otros, así como por la diversidad, naturaleza y entidad de los delitos que se les imputan. Para su celebración, los magistrados decidieron celebrarlo por bloques y que sólo acudieran al juicio los acusados imputados de ese delito.

El juicio también ha sido el más mediático de la historia judicial española por lo que hubo que coordinar trescientos periodistas acreditados para la cobertura de la vista oral y se habilitó una sala de prensa con monitores de televisión.

No ha sido tarea fácil coordinar un centenar de abogados y el casi centenar de imputados por lo que todos los letrados en sus alegatos finales han aplaudido la forma de llevar este macrojuicio, que ha necesitado también un amplio dispositivo de seguridad.

La investigación judicial del caso comenzó a finales de 2005 y tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril del 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones del 2007