Esos gastos extra son los que debe reconocer la Ley de Capitalidad, una norma que recoge las particularidades derivadas de las obligaciones contraídas en este caso por Sevilla al ser sede de la Junta y su conglomerado de empresas –que copan la Isla de la Cartuja–.

Todos los grandes centros de decisión regionales están en la capital hispalense. El Parlamento, la Subdelegación del Gobierno de España y empresas y entidades públicas implican un esfuerzo económico que hasta ahora no ha obtenido compensación en los presupuestos. De hecho, el panorama es diametralmente opuesto: Sevilla se ve perjudicada en las cuentas anuales del Gobierno andaluz, que incorpora cantidades destinadas a edificios o empresas de su propiedad como si se invirtieran en la ciudad. Para 2011, la Junta adjudicó 801,6 millones a la provincia. En el desglose de las partidas queda patente su utilización «fraudulenta», puesto que al menos 31,5 millones en realidad van a destinarse a proyectos que nada tienen que ver con el desarrollo local y sí con tareas necesarias para la comunidad.

Inversiones ficticias

De esta forma, la construcción del sistema de emergencias 112 Andalucía, supone un coste de 1,15 millones. Se contemplan también dos partidas para «internacionalización de la economía andaluza (Extenda)» y «Extenda, formación comercio exterior» por 18,7 y 1,9 millones de euros. También recoge el apoyo técnico al Instituto de Estadística de Andalucía (1,49 millones) y transferencias nominativas a la Fundación Progreso y Salud (1,92 millones), la «entidad central de apoyo y gestión de la investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía», según consta en su definición. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), con sede en la Cartuja, también percibe, a cuenta de los presupuestos de Sevilla, 5,88 millones. Otro proyecto emblemático de la Junta, el «Guadalquivir Turístico», tiene una reserva de dos millones para su desarrollo en 2011.

En el podio del «agravio»

Un estudio de la Universitat de Barcelona y el Institut d'Economía de la Ciudad Condal, publicado en octubre del pasado año, fija el «agravio» a Sevilla en 76,68 millones de euros, la tercera ciudad más perjudicada por detrás de Madrid (251,6) y Barcelona (121). El análisis, titulado «Estimación de los costes de centralidad y capitalidad de las grandes ciudades españolas», cuantifica por un lado «los gastos generados por problemas específicos de las grandes ciudades situadas en el centro de una aglomeración urbana» y, por otro, «los costes derivados de la presencia en la ciudad de instituciones de gobierno autonómico y/o central».

Barema aspectos como el desembolso en seguridad para actos públicos, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios públicos, así como la conservación del patrimonio histórico –un claro ejemplo son los 46,7 millones que costó rehabilitar San Telmo, consignados a Sevilla– o el transporte público para cubrir las necesidades de los funcionarios.

La Ley de Capitalidad –rescatada por el candidato del PP a la Alcaldía, Juan Ignacio Zoido– se ofrece como la herramienta para acabar con esa discriminación histórica.