Varios guardias civiles a juicio por filtrar exámenes de acceso al Cuerpo

El juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Madrid, donde en el mes de febrero del pasado año tuvo que suspenderse la misma vista oral por la ausencia del abogado de uno de los dieciséis acusados.

El fiscal pide para los procesados penas que oscilan entre los seis meses y los diez años de prisión, así como multas económicas, por los delitos de revelación de secreto, falsedad documental y prevaricación.

El principal acusado es el guardia civil Paulino O.R., que desde 1997 a 2000 era el encargado de vigilar los exámenes en la Plana Mayor de la Sección de Selección y Formación de la Jefatura de Enseñanza del instituto armado en Madrid, donde se elaboran, custodian y corrigen dichas pruebas de acceso al Cuerpo y de promoción interna.

Durante esos años Paulino facilitó preguntas de exámenes al también agente Antonio P.V. para que éste a su vez las hiciera llegar a conocidos suyos en Las Palmas de Gran Canaria, según las conclusiones provisionales del Ministerio Público.

También consiguió para los estudiantes que no lo tenían el certificado de estudios de Bachiller -ahora Secundaria- a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.200 y los 3.000 euros.

Además, según la Fiscalía, alteró los resultados de algunos exámenes, como es el caso, por ejemplo, de la también acusada Arancha S.M., sustituyendo sus 67 puntos, insuficientes para aprobar, por 113.

En el domicilio de Paulino, en la localidad de Fuenlabrada (Madrid), la Policía encontró 228 hojas de respuesta de exámenes, plantillas de corrección y pruebas tipo test de idiomas.

También se juzgará a José Luis A.G., ex director técnico del colegio Cumbre, instituto privado dependiente del Colegio Ramiro de Maeztu, con sede en la calle de Costa Rica (Madrid), y al que el fiscal le acusa de expedir certificados de estudios falsos.

Fuentes del colegio han confirmado a Efe que José Luis A.G. trabajó durante un tiempo en dicho centro pero no han querido hacer más comentarios sobre el caso.

En el banquillo se sentarán asimismo Tomás José P.R. y su hijo José Tomás P.G., acusados de facilitar preguntas de exámenes y títulos de Bachiller en Lalín (Pontevedra), seis guardias civiles que supuestamente accedieron al Cuerpo de forma fraudulenta y cinco alumnos que suspendieron las pruebas físicas o de inglés.