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Ninguneo al Parlamento

Tiempo de lectura 4 min.

18 de julio de 2010. 01:27h

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18/7/2010

Estos días los grupos parlamentarios intentan reunir las mayorías suficientes para sacar adelante las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación. Esas propuestas son tomas de posición y compromisos políticos que supuestamente responden a los problemas de la nación y de la gente. Otra cosa muy distinta es que las iniciativas que salgan adelante sean cumplidas por aquel a quien se dirigen: el Gobierno. El balance de la actitud del Ejecutivo ante los acuerdos del Parlamento raya en lo desolador, y más si se tiene en cuenta que la máxima del presidente y de su partido fue el compromiso de que las Cortes se convertirían en el centro de la vida política. Ése fue su primer incumplimiento de muchos. LA RAZÓN publica hoy un informe sobre la situación de las propuestas de resolución refrendadas en el Debate de política general de hace un año. Entonces, los grupos, incluido el PSOE, alumbraron iniciativas en distintos ámbitos de la vida nacional. Zapatero prometió controlar el déficit y frenar el desempleo y anunció la Ley de Economía Sostenible con carácter de urgencia para impulsar un nuevo modelo de crecimiento. El resultado en déficit y paro es conocido y la ley, pese a las prisas, permanece anclada en el Congreso un año después. Tampoco hay novedad sobre la reforma de los organismos reguladores sectoriales, el acuerdo sobre el desarrollo del Pacto de Toledo, la reforma del sector eléctrico, que debía eliminar gradualmente el déficit tarifario, la ley de igualdad de trato, el nuevo marco legal de la libertad de conciencia, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la nueva demarcación y planta judicial y la reforma más amplia de la Administración de Justicia. Nada. Pero el evidente ninguneo al Parlamento afecta también a las mociones y proposiciones no de ley. En lo que va de Legislatura, más de un centenar de proposiciones y 99 mociones han sido apoyadas por la mayoría del Congreso  sin que el Ejecutivo se haya dado por enterado. Es cierto que estas iniciativas no son vinculantes, pero si el Gobierno no las atiende, cuál es su utilidad, para qué se votan. Es obvio que existe una actitud deliberada y persistente de ignorar al Legislativo. Es una posición que debilita el Estado de Derecho y fractura el crédito de las instituciones, con el consiguiente riesgo de desafección de los ciudadanos hacia la esencia de la democracia, lo que ya se percibe en las encuestas de forma inquietante. Si los españoles asumen que los acuerdos del Congreso son desoídos como un automatismo, pueden concluir con toda razón que es prescindible y que el equilibrio de poderes ha sucumbido a manos del Ejecutivo.

Rajoy avisó en el pasado Debate de que el principal problema del país era la desconfianza que generaba Zapatero. Recordó precisamente el incumplimiento de los compromisos y le acusó de ir de engaño en engaño. La realidad es tozuda. Esta semana se votarán las propuestas de resolución del último pleno, entre ellas alguna en apoyo al desarrollo del autogobierno catalán y respaldo al sentimiento nacional de Cataluña, entre otras. No hay motivos para creer que el presidente piense cumplir lo que salga de la Cámara, salvo que los cálculos políticos y electorales así lo aconsejen. La democracia se sustenta en complejos equilibrios, que no se sostienen cuando la soberanía nacional es adulterada.
 

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