La Junta admite que el menoscabo de fondos pudo ir al Consejo de Gobierno

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, pasó a la ofensiva y advirtió de que el Ejecutivo andaluz adoptará «acciones legales» por calumnias contra todo aquél que afirme que el presidente andaluz conocía la trama de los ERE fraudulentos. «Si la Intervención General no detectó ningún fraude, ¿quién puede atreverse a afirmar que lo conociera el consejero de Hacienda entonces y el presidente de la Junta de Andalucía?», sentenció.

 Ésa es la clave que defiende el Ejecutivo para exonerar de responsabilidad a los consejeros de Empleo y Hacienda. La Intervención sólo advirtió de deficiencias en el procedimiento, en la forma de cómo se gestionaban esos fondos consignados en el Presupuesto, pero nunca «descubrió o sospechó de la existencia de una trama o de un fraude en relación con los ERE», apuntó Moreno.

La portavoz admitió que de haber sido así, «existe un procedimiento por el cual cuando se detectan precisamente estos casos en los que se puede producir un menoscabo de los fondos públicos, sí existe una vía para que pueda llegar incluso al seno del Consejo de Gobierno, pero que no existió en esta ocasión».

Como informó ayer LA RAZÓN, la Instrucción 1/2005 de 18 de mayo de la Intervención General sobre el control financiero permanente en determinados gastos, organismos y servicios de la Junta contempla esta posibilidad. Pese a que hubo una auditoría interna y un análisis por muestreo de 24 expedientes relacionados con expedientes de regulación de empleo, el órgano de control no detectó ese mal uso de los fondos y centró sus dictámenes de 2005, 2006 y 2007 en la necesidad de mejorar los procesos en la gestión del dinero.

 Según explicó Moreno, ni Fernández –consejero de Empleo entre 2004 y 2010– ni Griñán –titular de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009– entraron en esas discusiones «técnico-políticas». «Lo ordinario en el funcionamiento de las consejerías es que todo lo que se refiere a procedimientos se suele discutir y trabajar en el ámbito de los centros directivos, también muchas veces de las viceconsejerías y en el ámbito de las secretarías generales técnicas. Eso es como suele ser», detalló.

También restó importancia a que se pudieran conocer esas dudas: «Lo importante en este caso no es si se conoce o no se conoce que haya discrepancias con un procedimiento. Informes de esta naturaleza, la Intervención evacua muchas docenas al cabo de un año», dijo.
El Gobierno remitirá estos informes al Parlamento y se comprometió a que la oposición «conozca de primera mano cualquier informe, actuación y expediente que afecte a este caso».

Distintos delitos
La Consejería de Empleo reconoció la semana pasada que ha detectado más irregularidades tras la salida del ex director general Francisco Javier Guerrero, en abril de 2008. Desde la Junta distinguen las posibles responsabilidades penales que cometió el primero –«no es lo mismo prejubilar a su suegra»– que los ilícitos administrativos que pudo cometer su sustituto, Juan Márquez.


Arenas, sobre Griñán: «Supo, tapó y siguió autorizándolo»
Minutos antes de que la Junta anunciara que irá a los tribunales si alguien asegura que el presidente andaluz conocía las irregularidades, el presidente del PP-A, Javier Arenas, pidió a Griñán, que dé explicaciones, porque, en su opinión, él «supo, tapó y siguió autorizando lo que pasaba». «¿Por qué no hizo nada cuando la Intervención de Hacienda le dice que estos procedimientos no son correctos?», se preguntó. Durante una intervención en Maracena (Granada), ante el Comité Ejecutivo Regional del PP-A, Arenas reiteró a la Fiscalía Anticorrupción que actúe, «al igual que lo ha hecho en otros casos» y señaló que su partido prevé hacerle entrega de un dossier «con todo lo que se ha publicado al respecto» e informándole de otros asuntos en los que sí ha intervenido. Para Arenas, en este caso hay «una verdad jurídica», por la que los jueces deberán determinar si hay o no responsabilidades penales, y otra política. «Pueden existir responsabilidades políticas que no conlleven la inculpación de un delito», concluyó.