Valcárcel aprueba la ley «coyuntural» de ajuste del gasto público

cartagena- La Asamblea Regional aprobó ayer, con los votos a favor del Partido Popular y en contra del PSOE e IU, la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. La nueva norma, que salió adelante con los 28 votos del grupo popular y que prevé un ahorro de cerca de 300 millones de euros, supondrá la suspensión temporal de los acuerdos de reducción de la jornada laboral, así como la revisión del régimen contributivo de los empleados públicos.
Una medida con la que el Gobierno regional intenta dar solución a la presión financiera que está ejerciendo el Gobierno Zapatero sobre la Región de Murcia, la que a pesar de ser la cuarta comunidad menos endeudada de España, el Ejecutivo central prohibe que ésta aumente su deuda para el próximo ejercicio, mientras que sí se lo permite a otras comunidades cuya situación económica es mucho peor.
Durante el debate de la proposición de ley, el PP incluyó una enmienda que rebaja a 75 euros, y no a 175 como aparecía en el texto inicial, el recorte que afectará a partir del 1 de enero al complemento de productividad de los funcionarios del sector de educación.
Esta nueva ley provocó diversas reacciones entre los funcionarios, llegando hasta el punto de «acosar, coaccionar y agredir» al secretario general de Presidencia, José Gabriel Ruiz, y al senador popular Pedro Manuel Hernández cuando se disponían a acudir la noche del miércoles a una entrega de premios en la sede de la Cámara de Comercio de la capital. Asimismo, los manifestantes, que se agolparon a las puertas del domicilio del presidente de la Comunidad en la Gran Vía de Murcia, escupieron e insultaron a una de sus hijas y tiraron huevos contra la fachada de su vivienda.
En esta misma línea, miembros de las organizaciones sindicales de CCOO, UGT, CSIC, Sterm, Cemsatse y SIDI continuaron ayer con su movilización ante las puertas del Parlamento murciano, coincidiendo con la aprobación de la ley de ajuste del gasto público. Una tensa protesta en la que se vivieron incidentes con la policía y que dejó un rastro de cáscaras de huevo y mandarinas en la fachada del edificio, así como sobre algunos vehículos de los diputados.
Sin embargo, los incidentes no cesaron aquí, ya que el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, también fue agredido por un grupo de sindicalistas y funcionarios cuando intentaba acceder a la Asamblea. El primer edil lorquino, que tuvo que ser protegido por la policía, resultó ileso, aunque finalmente no pudo asistir al debate parlamentario.
De igual manera, los efectivos de seguridad tuvieron que escoltar a diferentes cargos del Partido Popular como el senador del PP Pedro José Pérez hasta las puertas de la Cámara, así como a los alcaldes de La Unión, Torre Pacheco y Pliego, quienes finalmente no pudieron estar presentes en el pleno.
Por otra parte, un funcionario de educación sufrió supuestas heridas en la cabeza por un golpe de porra de la Policía Nacional, aunque el Centro de Emergencias del 112 informó que una ambulancia se desplazó hasta el lugar y el personal sanitario no constató ninguna incidencia.
El jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que «nunca me he sometido ni me someteré a las actitudes violentas contra el PP», y añadió que «yo siempre he dado la cara y lo voy a seguir haciendo porque, entre otras cosas, yo sí puedo dar la cara, al contrario de lo que ocurre con otros presidentes del Gobierno».
El jefe del Ejecutivo murciano afirmó que «no he visto a los que ayer se pusieron al frente de la manifestación ir a la Delegación del Gobierno a manifestarse o sitiar la casa del delegado, cuando Rodríguez Zapatero toma las medidas que perjudican a todos los trabajadores de España». Valcárcel realizó estas declaraciones durante su intervención en la Asamblea Regional, en la que destacó que «los ciudadanos son lo primero» y, explicó que «pensando en ellos se han tomado decisiones que aseguren el estado de bienestar de todos los murcianos».
En cuanto a la Ley de Medidas Extraordinarias, el jefe del Ejecutivo murciano subrayó que se ha visto obligado a tomar estas medidas, y remarcó que «no hubiesen sido necesarias si el Gobierno central nos hubiera permitido endeudarnos», porque como bien resaltó, «tenemos capacidad para ello».
De esta manera, aclaró que la ley «garantiza la autonomía financiera para poder seguir prestando servicios básicos, como la sanidad y la educación» y, resaltó la «firmeza del Gobierno regional para asegurar y mantener ese compromiso».
El presidente apostilló que durante esta legislatura, la que calificó de ser la «más difícil», el Gobierno regional ha seguido invirtiendo en infraestructuras sanitarias y educativas, ha ampliado las plantillas de docentes y médicos, y ha atendido muchas demandas sociales, «porque nos hemos sentado y alcanzado acuerdos para que los murcianos no vean deteriorados los servicios públicos». Por lo que aseguró que la Comunidad mantendrá el diálogo con los sindicatos.
Valcárcel también quiso resaltar que el Gobierno murciano ha sido quien ha incrementado los salarios del personal docente en un 15,83 por ciento, que el sector sanitario, desde la asunción de las competencias en esta materia, ha experimentado mejoras entre un 60 y 70 por ciento, y que el personal de administración general ha visto crecer sus sueldos un 11,35 por ciento.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Begoña García Retegui, señaló a Valcárcel como «único responsable» del incumplimiento de compromisos en materia de déficit», sin embargo, no mencionó las medidas con las que Zapatero está atancando a Murcia.
Mientras que el portavoz de IU en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante, pidió que el PP «deje encima de la mesa» esta proposición de ley y busque otras medidas de ahorro.Asimismo, añadió que «abrá un periodo de diálogo para plantear alternativas a este recorte brutal que hace recaer sobre los trabajadores públicos el coste principal de estas reformas».