Agricultura

España podría perder cada año 1200 millones de euros de la PAC

Chipre plantea nuevos recortes en el presupuesto de la UE

La Razón
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MADRID-La presidencia chipriota del Consejo de Ministros de la UE ha presentado su primera propuesta concreta, incluyendo ya cifras, para avanzar en las negociaciones sobre el Marco Financiero comunitario para el periodo 2014-2020. En este «papel», que servirá de punto de partida para las negociaciones, plantea un recorte de 50.000 millones de euros sobre las cifras iniciales adelantadas por la Comisión. Las reducciones afectarían a todas las partidas del gasto, incluida la Política Agraria Común (PAC). En el caso de esta última, la bajada sería del dos por ciento, lo que supondría 5.600 millones de euros menos y afectaría tanto al capítulo de ayudas directas y gestión de los mercados como a la política de desarrollo rural.

Los responsables del Ministerio de Agricultura español se han apresurado a rechazar esta propuesta chipriota por considerarla muy lesiva para nuestros intereses. En un primer documento elaborado por el equipo de Arias Cañete se indica que el citado recorte, sumado a los anteriores planteados por la Comisión Europea, podrían significar para nuestro país una pérdida del 18 por ciento en relación con el dinero presupuestado (que ya ha llegado y el que falta por venir) durante el actual Marco Financiero, que abarca desde 2007 hasta el próximo año 2013, ambos ejercicios incluidos. Eso supondría unos 1.260 millones de euros menos al año por este concepto. Dicen desde el Ministerio de Agricultura que se trata de algo inaceptable e insisten en que la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea es el mínimo aceptable para España.

Desde Madrid también rechazan otra serie de medidas planteadas por la delegación chipriota, como el recorte en los fondos destinados a la llamada reserva de crisis –que se encargaría de actuar cuando hubiese problemas de precios importantes en los mercados de los productos agrarios–, el «tajo» que se pretende dar a la ayuda alimentaria –que también tendría incidencia sobre el sector agroalimentario– y la importante reducción de fondos para la política de desarrollo rural.