Ocho años sin ver a sus hijos por una falsa denuncia de violación

José González Medina, un sevillano acusado falsamente de violación por su ex mujer en 2003 y al que el Tribunal Supremo absolvió en 2009, reclama una indemnización de 2.734.000 euros al Estado por «funcionamiento anormal de la Justicia» debido a los daños morales y psicológicos sufridos por «perder a mis dos hijos». Una concatenación de irregularidades –«la historia podría ser el guión de una película de terror», según sus abogados, Luis Romero y Enrique Carrasquilla, sustentada en que «la presunción de inocencia en su caso se convirtió en presunción de culpabilidad»-, ha hecho posible que en casi ocho años tan sólo les haya visto «dos o tres minutos» en una ocasión, en la que los niños le dijeron que «no era su padre y que no querían saber nada».

Cuando fue acusado, su hijo mayor tenía diez años y la pequeña, dos, y desde ese momento fue apartado de ellos. Un juzgado determinó en abril de 2005 que podía encontrarse con ellos una hora y media cada mes en un punto de encuentro, con la presencia de un psicólogo y un asistente social, aunque las solicitudes se demoraron por la «saturación» del mismo. Así pues, la primera visita debía haberse producido en octubre de 2006, pero sus hijos se negaron, sin que los trabajadores sociales del centro, dirigido por una asociación de defensa a la mujer violada y maltratada, hicieran nada por facilitar la comunicación. Ya en diciembre de 2006, se anuló el régimen de visitas provisional «hasta que finalizara el proceso penal», a pesar de los múltiples recursos y alternativas planteadas por José González para no perder el contacto.

La Audiencia Provincial de Sevilla le condenó en abril de 2008 a seis años de cárcel por violar a su ex mujer tras amenazarla con un cuchillo, aunque el Supremo le absolvió en noviembre de 2009 alegando que la denunciante, según varios testigos, había negado la agresión y reconocido que pensaba separarse y que su marido «era un cabrón que no iba a ver más a sus hijos». El hecho de quedar libre no mejoró su situación, pues ambos son víctimas del «síndrome de alienación monoparental», según sus abogados.

José González, quien declaró sentirse «solo y abandonado por el sistema judicial», asume que ya ha perdido a su hijo, que ha cumplido 18 años, y teme que la pequeña, de diez, «siga el mismo camino». La reclamación presentada ante el Ministerio de Justicia, que será ampliada con los últimos acontecimientos, solicita el pago de 2.194.000 euros por la «ruptura con los hijos durante 90 meses» y 540.000 euros por la «destrucción» de su derecho a la presunción de inocencia.