El PP baraja demandar al Estado por las inversiones no ejecutadas

SEVILLA- El PP no descarta acudir a los tribunales si no se compensa a Andalucía de la falta de ejecución del total de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)–se conocerán hoy los de 2011– en virtud de los establecido en el Estatuto de Autonomía, y cuyo déficit este partido cifra en 2.197 millones de euros.
Este anuncio fue realizado ayer por el presidente del PP-A, Javier Arenas, en su intervención tras la reunión mantenida con la dirección regional del partido, en la que se analizó el impacto de los PGE en la comunidad en los últimos años y la ejecución a 30 de junio de los Presupuestos andaluces del 2010.
Según el presidente de los populares andaluces, el Gobierno de la Nación ha dejado de invertir en 2008 un total de 478 millones de euros y de 1.719 millones en 2009, ya que no se ha cumplido con lo previsto en el Estatuto de Andalucía de que la inversión alcance el 17,8 por ciento que supone la población andaluza en España. «En dos años de vigencia del Estatuto de Andalucía nos deben 2.197 millones de euros», denunció Arenas, quien recordó que a otras comunidades autónomas –Cataluña y Baleares– se les «compensa» por la falta de ejecución presupuestaria y, por ende, el incumplimiento de sus respectivos textos estatutarios.
Esta cláusula no se recoge para Andalucía pero, según Javier Arenas, existe un respaldo estatutario por el que a esta comunidad se le debería compensar también de la falta de ejecución de las cuentas del Estado. Así las cosas, su partido no descarta acudir a los tribunales para proceder a esta reclamación.
Por otra parte, el PP incluirá en la demanda presentada ante el Supremo contra el cobro de la «deuda histórica» andaluza en solares del Estado, las palabras del miércoles del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, sobre que «está fuera de la ley» que los municipios puedan saldar la suya de la misma forma.
El dirigente popular dijo que estas declaraciones «no tienen desperdicio» ya que, viniendo del vicepresidente tercero del Gobierno de la Nación representan «valor jurídico».