Cataluña
Españolizar por Cástor Díaz Barrado
He de confesar que no acabo de descubrir lo que hay de malo en la palabra «Españolizar». No creo que tenga un significado temporal ni que se refiera, por lo tanto, a algo que sucedía antes de que se aprobara la Constitución española de 1978. En política exterior, todo Estado tiende a proyectar sus intereses y su identidad y es más que lógico, en consecuencia, que estos intereses y esa identidad se expresen, con toda intensidad, en el interior del propio Estado. Lo que es natural y deseable en la acción exterior del Estado debe ser plenamente aceptado en su política interna. Cuanto más se traslade la cultura de un Estado a otros Estados, mejor posición se ocupará en el concierto internacional y más capacidad se tendrá para llegar a acuerdos de cooperación. Tantas veces decimos que las relaciones de España con el resto de países iberoamericanos se ven facilitadas por las afinidades históricas y culturales y es verdad. ¿Qué hace, en el fondo, el Instituto Cervantes si no es «españolizar»? ¿Qué significa, a la postre, dedicar tanto dinero y esfuerzos a la «Marca España» si no es «españolizar»? Sin duda, «Españolizar» es bueno para los españoles y bueno, en la escena internacional, para la defensa de los intereses de España. No se puede renunciar a esto. Tantos años de inmersión lingüística en Cataluña parece que hacen olvidar que el español es, también, una lengua de esa comunidad autónoma y que supone una riqueza sin igual, que el español forma parte de la identidad catalana más profunda; y, además, que el sentimiento de lo español habita con naturalidad en esa parte del territorio de España y hay que cuidarlo y expandirlo. Quizá, nadie se pregunta si se están violando los derechos de uso de la lengua en Cataluña no sólo conforme al derecho español sino, en particular, de acuerdo con lo que dispone el derecho internacional. La defensa, legítima, del uso del catalán no puede conducir, en ningún caso, a impedir, obstaculizar o «perseguir» el uso del español ni, tampoco, puede prohibir las acciones tendentes a «españolizar». ¿Por qué privar a quienes habitan en cualquier territorio de España de una parte sustancial de su identidad? Hoy está claro que, desde la perspectiva económica y desde la óptica política, no ha sido acertado que las comunidades autónomas asuman el protagonismo exclusivo en materia de educación porque ni se han respetado el principio de la lealtad constitucional ni los derechos de los ciudadanos. Por eso, no hay que tener complejos por «españolizar» tanto en nuestra acción exterior, lo que resulta altamente beneficioso, como en nuestra propia identidad, en todas las partes de España.
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