Otro escándalo en Empleo: investigan un fraude en ayudas a minusválidos

Según informó ayer la Agencia Efe, la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla ha recibido la documentación completa enviada por la Junta de Andalucía respecto a un presunto fraude en las subvenciones a la creación y mantenimiento de empleo de minusválidos, en el que están implicadas cinco o seis empresas.

Fuentes judiciales informaron de que, tras una primera denuncia de la Consejería de Empleo en la que informó de las presuntas irregularidades y los expedientes abiertos para el reingreso de las subvenciones, la Fiscalía reclamó a la Junta la documentación completa de cada caso, dado que la recibida era insuficiente para continuar la investigación.

Los expedientes oficiales completos ya han llegado al fiscal de Delitos Económicos encargado del caso, que los está estudiando antes de decidir sus próximas actuaciones.
Se trata de ayudas a la creación o mantenimiento de empleo de minusválidos, por un importe que en algunos casos alcanza los 120.000 euros, y que no fueron destinadas al fin previsto o lo fueron solo en parte.

Según las fuentes judiciales, las empresas investigadas son cinco o seis de la provincia de Sevilla y una de las primeras cuestiones que debe decidir la Fiscalía es si se trata de delitos o de simples irregularidades administrativas.
Es por tanto el embrión de un nuevo proceso que acaba en sede judicial y que se suma a los ya abiertos por otras instancias. El principal de ellos –y el más avanzado– es la trama de expedientes de regulación de empleo irregulares financiados con cargo al presupuesto autonómico y que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La otra vía ya abierta es la que revisa presuntos fraudes en las ayudas europeas destinadas a la contratación. Pretende dilucidar si las empresas utilizaban fondos de la Unión Europea destinados a la creación de empleo pero, una vez percibidas las ayudas, los puestos de trabajo no se mantenían. Este práctica delictiva fue llevado a cabo por empresas particulares de las ocho provincias andaluzas excepto Huelva y fue investigado por la Guardia Civil y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Éste tiene más relación con el nuevo frente abierto por los incentivos a la contratación de minusválidos, ya que en este caso, el fraude se produce por no supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas tras cobrar la ayuda pública.

Tras conocerse el nuevo frente judicial abierto y que afecta a la Consejería de Empleo, el PP-A anunció que pedirá «la comparecencia urgente del Gobierno andaluz en el Parlamento» que, aunque está de vacaciones desarrolla su actividad a través de la Diputación Permanente