ANÁLISIS: Qué soluciones exigen las afectadas por Damián Vázquez

–Después de que la Unión Europea haya acordado este registro de afectadas, ¿en qué cambia su situación?
–A partir de ahora se sabrá con certeza el número de personas afectadas a nivel de toda Europa, no sólo en Francia. Los casos estarán controlados. Y se trabajará para darles solución. Lo cierto es que es un escándalo a nivel europeo. Incluso hay hombres afectados, lo cual es sorprendente.

– La UE hablaba ayer de «fraude». ¿Se puede hablar también de negligencia?
–Los cirujanos dicen que no tienen por qué asumir los costes de estos implantes, aunque algunas asociaciones opinan lo contrario... En todo caso, se ha utilizado material industrial, impensable para el consumo humano. La empresa fabricante había actuado bajo varios nombres... Desde luego, el caso es para iniciar acciones penales, por delitos contra la salud pública, fraude y estafa. Nosotros solicitaremos que se les devuelva a las afectadas el importe de las prótesis y de la primera intervención; que se les costee la nueva prótesis y la consiguiente intervención; que se las indemnice por los días que han permanecido impedidas; y daños por las secuelas psicológicas, pues las afectadas pueden presentar síndromes postraumáticos.

–¿Podemos hablar de una cifra aproximada a la hora de cuantificar la indemnización?
–Hace unos años tuvimos un caso similar y llegamos a un acuerdo con la empresa fabricante. Por aquel entonces, la cifra fue de entre 15.000 y 20.000 euros, lo cual sería un estándar de mínimos. Sin embargo, PIP es una empresa desaparecida, en quiebra y con su dueño en busca y captura. Desgraciadamente, el caso actual ha ocurrido en época de crisis y pocas pueden permitirse quitarse estos implantes por la vía privada.

Damián Vázquez
Abogado especializado en Derecho Sanitario