Se negoció tras la T-4

El debate político, ocupado casi en exclusiva por la situación económica y la sucesión de Zapatero, ha dado un giro radical al irrumpir en la Prensa aspectos desconocidos de la fallida negociación entre el Gobierno y ETA. La publicación de unas supuestas actas de las reuniones, incautadas al dirigente terrorista «Thierry», ha causado asombro y sembrado la perplejidad entre los ciudadanos. El contenido de los diálogos, la catadura moral que demuestran algunos negociadores, así como las presuntas cesiones que el Estado estaría dispuesto a hacer a la banda forman un «tótum revolútum» que requiere ser expurgado y valorado en su justa medida. Igual de improcedente es equiparar las «actas» a la fe notarial que despacharlas como «bazofia llena de mentiras». Es cierto que los terroristas, además de asesinar y extorsionar, mienten y difaman para ayudar a sus propósitos. Pero también es verdad que la documentación intervenida estaba destinada al consumo interno, por lo que no necesitaban tegiversar el contenido de los diálogos. En todo caso, la versión de una parte nunca es la verdad completa. Y, por otro lado, debe tenerse en cuenta lo que supone una negociación: un tira y afloja donde cada cual sobreactúa para vender su mercancía o para descalificar al contrario. Que los representantes del Gobierno hicieran promesas imposibles o ilegales no significa que tuviera el ánimo real de concederlas, como fue el caso de la anexión de Navarra. Es deplorable, ciertamente, que los negociadores gubernamentales utilizaran un lenguaje ruin y cobardón, lo que revela que el Gobierno no eligió bien a quienes debían representarle con más dignidad y coraje. Lo más preocupante, sin embargo, no es esa pequeña crónica de infamias que los etarras se regodean en describir para ponerse ellos mismos en valor. No; lo más inquietante son los datos que demostrarían que el Gobierno reanudó la negociación tras el atentado mortal de la T-4. En la memoria de todos están las afirmaciones solemnes de Zapatero y Rubalcaba en los días siguientes a aquella voladura que mató a dos personas de que se ponía «punto y final» a la negociación. De confirmarse la versión etarra, no sólo no se habrían cortado de raíz los contactos, sino que el Gobierno se habría reunido para «retomar el proceso» sólo tres meses después del atentado y habría vuelto a hacerlo más veces en mayo, hasta que la propia ETA decidió romper la baraja. Ni que decir tiene que estamos ante un asunto de la máxima gravedad que exige una explicación detallada, exhaustiva y sin asomo de dudas por parte del ministro del Interior y del presidente del Gobierno. Los ciudadanos tienen derecho a saber si son los terroristas los que mienten y los que se inventan nuevas rondas negociadoras después de que sus gobernantes les garantizaran lo contrario. Como es natural, el beneficio de la duda debe favorecer al Gobierno, pero si éste no demuestra que los terroristas mienten o que los negociadores actuaron por su cuenta y riesgo, todo el peso de la condena recaerá sobre él. Por higiene democrática, por respeto a las víctimas y por dignidad, Zapatero y Rubalcaban tienen la obligación de aclarar este grave episodio en sede parlamentaria sin dilación y sin rodeos.