Barberá se querella contra González-Sinde por prevaricación

 En el primer caso, la pena podría llegar a los diez años de inhabilitación de cargo público y en el segundo, de entre seis a doce años.

El Gobierno local, que va de la mano en este asunto con la Generalitat valenciana, entiende que el informe de Santiago Muñoz Machado confirma que la orden ministerial que paralizó el plan urbanístico de reforma del barrio del Cabanyal no sólo es «irrespetuosa», sino que es «manifiestamente errónea, irracional» y supone una «desviación de poder», ya que el Ministerio no tiene potestad para declarar ilegal el Plan Especial de Reforma Interior (Pepri) que afecta al barrio marinero.

Se trata, según se desprende de la valoración del catedrático, de una decisión administrativa «arbitraria», pues es fruto de una manifestación «de la voluntad particular» del Gobierno central, «sin una cobertura razonable en el ordenamiento jurídico», lo que sustenta la denuncia por prevaricación, según explicó ayer la primera edil.

Con todo, dejó una rendija abierta al acuerdo al afirmar que «hay tiempo» para que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero rectifique y «devuelva la legalidad que le corresponde a la Generalitat y al Ayuntamiento. Se trata de que reflexione, pero lo que está claro es que ha habido abuso de poder».

En cuanto a la denuncia de expolio que argumenta el Ministerio, el informe de Muñoz Machado, con el que el Ayuntamiento negó tener relación alguna y del que defendió su independencia, considera que las obras previstas en el plan municipal, «se encuentran respaldadas por un proyecto aprobado por las Administraciones local y Autonómica que tienen competencias para ello».

Pero las acciones del Ayuntamiento van más allá de la denuncia contra González-Sinde, pues Barberá, que pedirá daños y perjuicios por la paralización del plan, llevará el caso ante la Unión Europea.