Sevilla

El exdirector andaluz de Trabajo admite responsabilidad política pero no penal

Daniel Rivera, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, ha dicho hoy que siguió aplicando el sistema de ayudas investigado por la juez Mercedes Alaya porque nadie le advirtió de su ilegalidad y ha afirmado que "puede tener responsabilidad política, pero no penal".

En su declaración como imputado ante la juez que investiga los ERE fraudulentos, Rivera ha reconocido que poco después de acceder al cargo en el 2010 "tomó conciencia"de que se habían dado ayudas por importe de 70 millones de euros sin convenio previo ni resolución administrativa, si bien no paralizó los pagos porque los prejubilados tenían que seguir cobrando.

Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que Rivera ha reconocido que no había fiscalización previa de las ayudas, pero ha añadido que nadie le advirtió de que tuviera que haberlas.

Entre otros, ha señalado que no le advirtieron ni la Intervención General de la Junta, ni la Intervención Delegada, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, la Asesoría Jurídica de la Junta o el Servicio de Legislación.

Según Rivera, si las irregularidades fueran tan "groseras"e "ilegales"se lo deberían haber comunicado estos organismos oficiales, mientras que un informe del bufete Garrigues que alertó sobre las deficiencias administrativas "no decía que fueran de carácter penal", ha afirmado.

Por ello, ha concluido que él podría "tener responsabilidad política, pero no penal", según los citados abogados, que han destacado que el imputado está manteniendo una actitud "beligerante"con la juez Alaya en la misma línea de su antecesor en el cargo, Juan Márquez, durante su declaración de la semana pasada.

El enfrentamiento ha comenzado cuando Rivera ha pedido que conste en acta su anuncio de que va a recurrir la decisión de la juez Alaya de no admitir la recusación que ha planteado el imputado, a lo que la magistrada ha respondido que "el acta la hago yo".

En otro momento, Rivera ha dicho a la juez: "Usted no me permite que conteste según me conviene en Derecho"y "usted es dueña de sus preguntas, pero yo lo soy de mis respuestas", y la juez le ha espetado en varias ocasiones: "El interrogatorio lo dirijo yo".

Rivera, por otra parte, ha asegurado que es cierto que leyó el informe de Garrigues, que había encargado su propia dirección general, sobre las anomalías en las ayudas pero no el de Price Waterhouse sobre las subvenciones que recibían las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, y sobre el primero de ellos ha afirmado que solo era "una opinión jurídica".

Los abogados personados han informado de que el interrogatorio de Rivera continuará esta tarde y posiblemente también mañana, ya que la juez tiene 90 preguntas para él, que es el cuarto exalto cargo que declara como imputado, tras el exconsejero de Empleo Antonio Fernández -encarcelado desde abril-, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero -en prisión desde marzo- y el exdirector general Juan Márquez.

La jornada de hoy ha comenzado con un auto en el que Alaya ha rechazado la petición de recusación planteada por Rivera, que reprocha a la juez haber retrasado la resolución de los recursos contra su imputación.

Según la juez, el abogado de Rivera planteó la recusación superando "sobradamente"el plazo legal, que es el momento en que el interesado tenga conocimiento de la causa de recusación, y todo indica que su único propósito era "suspender las declaraciones programadas", según el auto.

En cuanto a la pretensión de Rivera de que no se admitan determinadas pruebas y documentos aportados por otros imputados, Alaya responde que la recusación "no es el mecanismo procesal oportuno"para esos objetivos.

La instructora de los ERE ha imputado a Rivera delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos por haber dado "forma y continuidad"a las ayudas instauradas por su antecesor Javier Guerrero.

Alaya aprovecha su auto para recordar la carga de trabajo que tiene, pues hasta abril no tuvo un juez de refuerzo pese a las "macrocausas"que instruye, como la denuncia contra el exmáximo accionista del Betis Manuel Ruiz de Lopera o el caso Mercasevilla, que le obligan a disponer de "varias habitaciones repletas de documentación solo para ella".